Llega a su fin las vacaciones de verano. Con ello llega el inicio del curso político. Con él los primeros exabruptos, las primeras incongruencias. Llega una vez más el fango cuyo objetivo es defender una clase privilegiado en detrimento del cómputo general de la sociedad.
Verdaderamente lo que nos debe preocupar no son los disparates que dicen los/as líderes de los principales partidos políticos, sino como calan en una sociedad, cada vez más joven, los mensajes simplistas y sin sentido.
Ahora nos quieren hacer creer que por una denuncia falsa no existe una persecución al sector LGTBI. Quieren jugar la misma baza que con la violencia de género. Da igual que el porcentaje sea residual e irrisorio. Es ahí donde los medios de comunicación deben marcar como primordial la regla y no la excepción.
Desde que comenzó la pandemia todo ha valido para atacar al Gobierno. Se ha vivido un minuto y resultado que ha retratado a más de una persona. No vamos a entrar en el tema de que Pablo Iglesias ha dejado de cobrar la pensión vitalicia para dedicarse al sector privado, ni vamos a entrar en la persecución personal que sufrió. Quizás no les interese que nos centremos en la cantidad de bulos que la derecha se ha dedicado a fabricar para desprestigiar al Gobierno en la peor de las crisis. No se habla mucho de cómo Casado y su equipo lucharon por torpedear el acuerdo histórico para que España recibiese los fondos europeos para paliar la pandemia. Poco ímpetu se muestra en los medios cuando apenas se pronuncia el escudo social que ha protegido a la clase media en este tiempo. Claro que ha habido errores, ¿pero qué esperaban ante una situación como la que hemos vivido?
Ahora lo que verdaderamente “chirría” en mis oídos es el silencio cómplice de la derecha frente al abuso de las eléctricas. El Gobierno ha presentado un plan de choque. Las eléctricas ya amenazan. La derecha calla y las viejas guardias también.
Los primeros porque como siempre son valientes con los débiles, pero cobardes frente a los poderosos. Los segundos porque fueron quienes vendieron el alma de este país a empresas privadas para poder tener un sillón tras dejar la política, pues muchas personas que allí acabaron no sabían lo que era trabajar.
Por todo eso me sorprende el silencio atronador ante las medidas, suficientes o insuficientes, pero en cierta medida valientes. Es el primer Gobierno que quiere seguir en el pulso que siempre plantea el oligopolio energético al gobierno de turno.
Soy un fiel creyente de que la Constitución debe cambiarse, actualizarse y adecuarla a los tiempos actuales. No cuando me interese, como hace el Partido Popular con el Consejo General del Poder Judicial, sino que vengo defendiendo esa postura, al menos, diez años. Como no se ha cambiado y soy constitucionalista creo que no sólo es para cuando nos interese, sino para aplicar el artículo 128 también. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al intereses general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. (Título VII. Economía y Hacienda de la Constitución española de 1978).
Si hay un partido político, un político a título personal, una persona que se dedique a los debates/análisis sociales y políticos que no defiende ese artículo constitucional de cara al abuso energético se le deberá de considerar como una persona anticonstitucional. Una persona al margen de las leyes que actualmente rigen el país. Pero si es un partido o una persona que se dedica a la política deberá ser considerada como un/a traidor/a al régimen.
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