El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido hoy en el pleno de las Cortes regionales el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2026, que asciende a 12.903 millones de euros y supone una variación del 1,5 por ciento con respecto a 2025.
Ruiz Molina ha destacado que estas cuentas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, se sustentan en cuatro grandes objetivos: consolidar el Estado del Bienestar; impulsar la actividad empresarial y contribuir al crecimiento económico; acelerar la transformación digital y la transición ecológica; y el compromiso con el reto demográfico.
El presupuesto destina el 72 por ciento del gasto no financiero, equivalente a 7.500 millones de euros, a consolidar el Estado del Bienestar para "reforzar la cohesión social de la región". Para impulsar la actividad empresarial y la creación de empleo se han asignado 3.200 millones, mientras que la lucha contra la despoblación contará con más de 2.100 millones de euros que implican de manera transversal a toda la política presupuestaria.
El consejero ha subrayado que se trata de un presupuesto con "marcado carácter inversor" que destina 1.560 millones a favorecer la actividad productiva y ampliar infraestructuras, compatible con el "equilibrio presupuestario" y sin necesidad de "solicitar más préstamos para el próximo año".
Ruiz Molina ha enmarcado estas cuentas en un "escenario económico-financiero muy positivo" para la región, con mejora en la calificación por parte de las agencias Moody's y Fitch, tasas de paro y ocupación a niveles de 2007, y la creación de 25.000 empresas más desde 2015.
Respecto a las 1.150 enmiendas presentadas por el Partido Popular, Ruiz Molina ha señalado que su aceptación generaría un "déficit de 613 millones" y constituye un "catálogo de recortes" que supondría un "tijeretazo descomunal al gasto social". Ha advertido que de aplicarse estas enmiendas, la primera "bofetada" se la llevarían los empleados públicos de la Administración regional, a los que "habría que despedir".
El consejero ha concluido afirmando que el modelo del PP se contrapone al del Gobierno regional, que "pretende hacer partícipe a toda la ciudadanía de la riqueza que entre todos somos capaces de generar".
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