Aprobada una subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026 para más de 100.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno la aplicación del incremento retributivo del personal al servicio del sector público regional correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que para 2025 el incremento acordado es de un 2,5 por ciento, con efectos de 1 de enero de este año; y para 2026 será del 1,5 por ciento con efectos también del 1 de enero de este ejercicio, al que se le podrá sumar un 0,5 por ciento adicional en función de la inflación, que tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2026 pero se abonaría en 2027.

Ruiz Molina ha señalado que este incremento va a tener un impacto económico de 120 millones de euros para 2025, mientras que para el 2026 el impacto económico inicial va a ser de 72 millones de euros. La medida beneficiará a más de 100.000 empleados y empleadas vinculados al sector público regional, incluyendo personal de la Administración regional, empresas públicas y fundaciones del sector público regional, Universidad de Castilla-La Mancha, y profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados.

El consejero ha indicado que el Gobierno regional ha acordado "agotar el tope máximo" que permite la legislación básica del Estado, y hacerlo "con la mayor brevedad posible" en cada ejercicio. El incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en la nómina de enero de 2026, abonándose como atrasos los importes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La elección de esta fecha responde, según ha aclarado Ruiz Molina, a los plazos administrativos de cierre de nómina, que se hacen el cinco de cada mes, y a la publicación del Real Decreto-Ley 14/2025 el pasado 3 de diciembre, que establece el mandato de negociar con los sindicatos la fecha de abono. También se ha debido a la coincidencia con las fechas navideñas, periodo en el que se "adelanta diez días el abono de la nómina ordinaria y de la paga extraordinaria", lo que dificulta la realización simultánea de los cálculos necesarios para los atrasos del ejercicio 2025.

Esta mejora salarial se enmarca en el Acuerdo Marco suscrito el pasado 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno de España y las Organizaciones Sindicales, que fija las condiciones retributivas del personal empleado público para el periodo 2025-2028. Ruiz Molina ha manifestado que estas gestiones vienen a mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal empleado público, siempre "desde el diálogo social", siendo una herramienta fundamental por la repercusión directa que tiene en la mejora de la calidad y la excelencia de los servicios públicos.

El capítulo destinado a gastos de personal se ha incrementado en más de 1.500 millones desde 2015, lo que supone más de un 55 por ciento más en términos porcentuales, permitiendo "aumentar las plantillas, fundamentalmente en los servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar; mejorar las condiciones de trabajo y mejorar sus retribuciones en los porcentajes máximos que autoriza la legislación básica del Estado".

Durante su intervención, el consejero ha recordado que este incremento retributivo viene recogido en el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, que se debate este miércoles en las Cortes regionales. Unos presupuestos que destinan el 72 por ciento del gasto a sufragar los servicios públicos, compatible con el equilibrio presupuestario y el déficit cero "que no incrementa el endeudamiento".

Ruiz Molina ha justificado el rechazo a las 1.150 enmiendas presentadas por el Partido Popular, señalando que se han analizado "con detenimiento, con el interés de aprobar alguna, pero nos ha sido imposible". Las enmiendas se han rechazado por dos razones: primero, por los recortes que llevarían aparejados, suponiendo un "petardazo a la línea de flotación de estos presupuestos, un tijeretazo descomunal al gasto social y que da apoyo a los colectivos más vulnerables de la sociedad".

El consejero ha añadido que la primera "bofetada" se la llevarían los empleados públicos, ya que "habría que despedir a muchos de ellos". Entre los ejemplos significativos ha señalado que el PP insiste en "castigar a la dependencia", eliminando de facto la financiación de las 32.000 prestaciones económicas en vigor; deja sin dotación presupuestaria el mantenimiento de los centros sanitarios públicos de la región y elimina los planes de empleo.

En segundo lugar, la aceptación de estas enmiendas generaría un déficit de 613 millones de euros, lo que evidencia una absoluta falta de "rigor y responsabilidad" y que, según el consejero, "hace imposible llegar a un acuerdo en su tramitación". De aprobarse estas propuestas, la Administración regional incurriría en un déficit de más de 600 millones, acumulando un diez por ciento de déficit en 2026, cuando desde el Gobierno regional "proponemos un equilibrio presupuestario".

Ruiz Molina ha reiterado el firme rechazo del Gobierno cuando se "ataquen los elementos que nos son esenciales y prioritarios, como son los destinados a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más vulnerables". Por ello, ha dicho "no a los recortes y sí a las partidas que garantizan los servicios públicos fundamentales", que permitan "incrementar las retribuciones a los funcionarios públicos, que permita materializar la Oferta de Empleo Público o poner en marcha los planes de empleo".