OCU exige medidas urgentes para aplicar las tarifas sociales del agua a los consumidores vulnerables

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado a la Dirección General de Consumo que inste a los ayuntamientos españoles a aplicar de forma urgente el Real Decreto 3/2023 que garantiza el acceso al agua a la población vulnerable. La petición se basa en un estudio publicado en la revista OCU Contigo que revela la ausencia de tarifas sociales en diez capitales de provincia y criterios dispares en el resto.

El informe denuncia que diez ciudades españolas carecen completamente de bonificaciones o exenciones en las tarifas del agua para colectivos vulnerables: Cáceres, Castellón, Gijón, Guadalajara, Jaén, Lérida, San Sebastián, Segovia, Soria y Toledo. Además, en las localidades que sí ofrecen estas ayudas, no se cumple la normativa que exige aplicar como mínimo los criterios del bono social eléctrico, siendo Bilbao la única ciudad que cumple este requisito.

OCU ha solicitado a la Dirección General de Consumo que actúe como interlocutor para que los ayuntamientos desarrollen tres derechos sociales básicos: definir e identificar al colectivo vulnerable utilizando al menos los criterios del bono social eléctrico, establecer bonificaciones o exenciones en las tarifas del agua, y crear mecanismos sencillos para que los beneficiarios del bono social eléctrico accedan automáticamente a las tarifas sociales del agua sin necesidad de presentar más documentación.

El estudio ha detectado enormes diferencias de precio entre ciudades, con variaciones de hasta 368 euros anuales por un consumo de 150 m³. Los residentes en Orense pagan 148 euros al año, mientras que en Barcelona el mismo consumo cuesta 516 euros. Otras ciudades con tarifas superiores a 400 euros anuales incluyen Sevilla, Huelva, Almería, Cádiz, Alicante, Murcia, Tarragona y Bilbao, esta última debido a unos costes de saneamiento muy elevados.

La organización también ha criticado que los bloques de consumo de agua, con precios progresivamente más altos, rara vez tengan en cuenta el número de personas que viven en la vivienda, lo que desincentiva un menor consumo. Además, desde 2023 se ha producido un incremento del 12% en el precio del agua, que casi duplica el IPC de este periodo. Este aumento podría responder a la exigencia de que las tarifas se aproximen a los costes reales y a nuevas inversiones tras la sequía del verano de 2024.

OCU advierte que este sobrecoste afecta especialmente a los consumidores más vulnerables, que actualmente afrontan prácticamente las mismas cargas que el resto de la población por un servicio esencial como el agua.