Más de 13.000 alegaciones cuestionan el plan de biogás de Castilla-La Mancha por riesgos sanitarios y ambientales

Un total de 13.288 alegaciones han sido presentadas contra el Plan de Despliegue del Biogás y Biometano 2024-2030 de Castilla-La Mancha, según datos recogidos por plataformas vecinales. La iniciativa, que proyecta construir entre 113 y 280 plantas en la región, ha despertado críticas por su adjudicación sin concurso a Biovic Consulting, empresa especializada en el desarrollo de instalaciones de biogás.

Según traslada Stop Ganadería Industrial CLM, la Consejería de Sanidad ha emitido un informe contundente, señalando la ausencia de análisis sobre riesgos sanitarios en el documento. En concreto, ha destacado que no se detalla el peligro de fugas de gases irritantes —vinculados a enfermedades respiratorias— ni se incorporan medidas para prevenir la contaminación de acuíferos. “Además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños”, ha afirmado en su evaluación. La institución también ha exigido que se priorice la opinión de los vecinos antes de autorizar cualquier instalación.

Aunque el plan aún no ha sido aprobado, más de 50 proyectos de plantas ya se encuentran en tramitación en las cinco provincias, según datos oficiales. Este avance ha motivado la creación de una veintena de plataformas ciudadanas, agrupadas en Stop Ganadería Industrial CLM, que denuncian un modelo “diseñado para maximizar beneficios empresariales, ignorando impactos ambientales y sanitarios”. Critican especialmente el tamaño de las plantas —con proyectos de hasta 300.000 toneladas—, muy superior al estándar de países como Alemania, y advierten de un efecto llamada para nuevas macrogranjas porcinas tras finalizar la moratoria vigente hasta 2023.

Las plataformas han citado casos como el de Lluxent (Valencia), donde una planta ha generado protestas por malos olores, incendios e incidentes recurrentes. También han cuestionado el uso de digestatos sin tratar como fertilizantes y han tachado de “irrealistas” las estimaciones oficiales sobre creación de empleo y contribución a la descarbonización.

La polémica se intensifica por el papel de Biovic Consulting, encargada de redactar el plan y su evaluación ambiental. Los críticos subrayan que la empresa “forma parte de la industria que se beneficiaría directamente”, lo que, según las plataformas, compromete la transparencia del proceso. Mientras, la Dirección General de Salud Pública insiste en que la falta de rigor sanitario “expone a riesgos innecesarios a las poblaciones cercanas”.