Castilla-La Mancha blindará las farmacias rurales con nueva ley que evita cierres en pueblos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de ley para la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a medicamentos y atención farmacéutica segura en toda la región, con especial protección para el medio rural. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado que esta reforma evitará el cierre de farmacias en pueblos, flexibilizará requisitos, permitirá la dispensación no presencial para personas vulnerables y activará botiquines provisionales en situaciones críticas.

Padilla ha incidido en que no se trata de "un mero cambio técnico", sino que muchas medidas van dirigidas específicamente a que las farmacias no desaparezcan de los pueblos, especialmente aquellos con más riesgo de despoblación. La reforma actualiza la normativa para adaptarla a los cambios estatales, asegurando que "el sistema farmacéutico funcione con las mismas garantías que en el resto del país".

Entre las novedades destaca la creación de un capítulo específico para las unidades de Radiofarmacia que define con total claridad sus requisitos y funciones, así como la regulación de la asistencia farmacéutica en centros penitenciarios para que las personas internas reciban el mismo nivel de atención que el resto de la población.

La normativa introduce también la definición de alerta a nivel regional, estableciendo protocolos para retirar lotes y alertar a la población cuando existan defectos de calidad en productos farmacéuticos o sanitarios que supongan riesgo para la salud, conforme a los sistemas de seguridad farmacéutica nacionales y europeos.

Mejoras en centros sociosanitarios y atención rural

La nueva ley mejora los servicios farmacéuticos en centros sociosanitarios, permitiendo que residencias o centros residenciales con más de 100 camas establezcan un servicio de farmacia propio. Además, incorpora la novedad de "establecer depósitos de medicamentos vinculados al SESCAM" que faciliten la asistencia en este sector, atendiendo especialmente a personas dependientes que reciben medicación compleja como tratamientos crónicos.

El eje principal de la reforma es el compromiso con el medio rural, impulsando mecanismos específicos para garantizar la asistencia farmacéutica en lugares donde no existe oficina de farmacia o donde mantenerla resulta difícil. En situaciones sanitarias excepcionales, dependencia, vulnerabilidad o dificultades para desplazarse, se podrá dispensar medicación de forma no presencial, incluso con entrega en domicilio con todas las garantías de conservación.

Flexibilización de requisitos y protección en emergencias

Para facilitar la farmacia rural, se elimina el requisito de distancia mínima con el centro de salud en poblaciones con menos de 1.500 habitantes. En localidades con alta densidad de población sin locales disponibles, también se elimina la distancia mínima entre dos farmacias.

La norma refuerza la protección en situaciones críticas, permitiendo que cuando un municipio con una única farmacia sufra una catástrofe o cierre inesperado (como ocurrió en Letur, Mira o Villel de Mesa el año pasado) y no exista local adecuado para traslado provisional, la Administración pueda autorizar de oficio un botiquín provisional para garantizar el servicio.

Se incorpora la figura del farmacéutico regente, designado por la Administración en casos de caducidad de autorización o pérdida del derecho de transmisión, evitando cierres súbitos que dejen a la población sin atención, aunque este nombramiento tiene caducidad para que la oficina pueda volver a concurso.

Otras medidas y aprobación de obras en residencia

Otras medidas incluyen la profesionalización de la actividad farmacéutica, de manera que solo pueden dispensar medicamentos los técnicos de farmacia titulados bajo supervisión farmacéutica, mayor claridad en la planificación y transmisión de farmacias (solo se podrán traspasar por herencia en una ocasión), regulación sobre quién puede dispensar medicamentos veterinarios y aumento de la regulación de botiquines veterinarios.

El proyecto se remitirá a las Cortes regionales, donde se prevé su aprobación durante el primer trimestre de 2026.

Inversión en protección contra incendios

En otro asunto, el Consejo de Gobierno ha aprobado el expediente de obras para la instalación de protección contra incendios de la Residencia de Mayores 'Las Pocitas del Prior' de Puertollano, por 1,2 millones de euros. Padilla ha calificado esta actuación como "un paso relevante para mejorar la seguridad y el bienestar de las personas mayores y el personal del centro".

La residencia, que comenzó a funcionar a principios de los años 80 y ha experimentado diversas remodelaciones que dieron lugar a dos edificios conectados, requiere una adecuación de sus instalaciones de protección contra incendios para adaptarlas a la nueva normativa. El proyecto abarca exclusivamente la protección activa contra incendios (extintores, rociadores automáticos, mangueras, detectores y alarmas) que actúa cuando el incendio ya ha empezado y requiere activación manual o automática.