Castilla-La Mancha avanza en la compatibilidad agrícola y conservación de aves esteparias en zonas protegidas

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles la segunda sesión de la Comisión de Seguimiento para aplicar medidas que compatibilicen los cultivos herbáceos de secano con la protección de aves esteparias en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El encuentro, presidido por la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, ha contado con representantes de las consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible, junto a agricultores de todas las ZEPA regionales.

Durante la reunión, se han aclarado aspectos técnicos de la línea de ayuda vinculada al Plan Estratégico de la PAC (PEPAC 2023-2027) y se han abordado las inquietudes de los productores sobre cómo equilibrar la actividad agraria con los requisitos ambientales. Jara ha subrayado que las explotaciones que adopten prácticas adicionales para preservar hábitats recibirán 192,90 euros por hectárea durante cinco años (2024-2029), con un presupuesto global de 41 millones de euros.

Las ZEPA priorizadas —clasificadas como Zona A por su valor cerealista— incluyen el área esteparia del Este de Albacete, El Bonillo, Campo de Calatrava, Campo de Montiel, San Clemente, La Campiña y Mancha Norte. En estas zonas, las medidas agroambientales, enmarcadas en la intervención 6712 del PEPAC, buscan garantizar la supervivencia de especies como la avutarda o el sisón mediante técnicas agrícolas sostenibles.

El plan de gestión revisado persigue tres objetivos estratégicos: identificar espacios clave del patrimonio natural, evaluar su estado de conservación y promover redes ecológicas que faciliten la dispersión de flora y fauna. Para ello, la comisión —integrada por administraciones, organizaciones agrarias y entidades conservacionistas— ha establecido canales de comunicación directos entre gestores ambientales y agricultores.

Susana Jara ha recalcado que este diálogo “sienta las bases” para aplicar eficazmente las medidas hasta 2029, asegurando que la actividad económica “no solo coexista, sino que contribuya activamente a la preservación de la biodiversidad”. La iniciativa forma parte de los compromisos de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad para armonizar usos del suelo y conservación en ecosistemas frágiles.