El tribunal confirma la anulación del reglamento de caza tras prosperar la demanda de Ecologistas en Acción

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado firme la sentencia que anula el reglamento de caza de la comunidad autónoma, confirmando así la ilegalidad del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, tras la demanda judicial presentada por Ecologistas en Acción. La resolución judicial ha tenido consecuencias inmediatas, ya que el pasado viernes 19 de septiembre de 2025, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado dos resoluciones que afectan de manera significativa a la normativa cinegética regional.

La notificación de firmeza por parte del TSJ-CLM ha confirmado que el recurso ante el Tribunal Supremo anunciado por el Gobierno regional no ha prosperado, lo que ha provocado notorias consecuencias legales. La Consejería de Desarrollo Sostenible se ha visto obligada a anular con plenos efectos jurídicos el reglamento de caza de 2022, manteniendo en vigor el anterior reglamento que data de 1993, considerado desfasado por la organización ecologista.

Paralelamente, la Consejería ha iniciado un procedimiento para la aprobación de un nuevo reglamento, cuyo periodo de participación e información pública dispone de veinte días que vencen el 17 de octubre, fecha que coincide con el inicio de la temporada de caza 2025-26. Esta situación ha generado críticas por parte de Ecologistas en Acción, que considera que la firmeza de la sentencia "revela el desprecio de la Consejería y del Gobierno regional por la participación pública y el trato de favor que se está dando al lobby cinegético aceptando todas sus propuestas sin pasar por el informe preceptivo del Consejo Regional de Caza, y evitando igualmente el debate de las mismas en el CAMA y la correcta información pública".

La organización ecologista ha señalado que la ilegalidad en el procedimiento ha permitido la vigencia durante tres años y medio del reglamento ahora anulado, lo que ha dado lugar a daños ambientales, afectaciones a las propias poblaciones cinegéticas y al uso público del medio natural en Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción ha advertido que estos perjuicios se perpetuarán si el nuevo borrador se aprueba en los mismos términos que el que ha sido objetado por los tribunales, reclamando a la Consejería que reformule el texto del borrador para evitar mayores perjuicios, crispación e inseguridad jurídica.

La publicación de las resoluciones en el DOCM ha supuesto el pleno reconocimiento de que la demanda de Ecologistas en Acción estaba bien fundamentada y que el Gobierno de Castilla-La Mancha actuó al margen de la legalidad y en manifiesto desprecio a la participación pública, según ha manifestado la organización. Por este motivo, han exigido al Gobierno que se asuman responsabilidades políticas por una situación que él mismo ha generado y que no ha querido solucionar antes aun sabiendo de la ilegalidad de sus actuaciones.

Ecologistas en Acción ha reclamado que esas responsabilidades se debieran plasmar al menos en una disculpa pública a la ciudadanía, en un replanteamiento de la política cinegética y en una apertura sincera a que el conjunto de la sociedad pueda participar en igualdad de condiciones en la tramitación de las normas con repercusiones ambientales. La organización ha confirmado que se ha utilizado procedimientos ilegales de participación en la aprobación del reglamento para favorecer los intereses del sector cinegético, situación que ahora ha quedado evidenciada con la sentencia firme del tribunal.