El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, han valorado positivamente el escenario de normalidad y estabilidad política e institucional en el que se ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2026. Ambos han destacado durante una rueda de prensa en la Consejería que esta certidumbre es fundamental para la toma de decisiones empresariales, en el marco del diálogo y la búsqueda del máximo consenso con los agentes sociales.
Ruiz Molina ha contextualizado el momento actual como un "contexto económico y financiero muy positivo", señalando que, según el INE, la región es la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB desde 2019, con un 2,9 por ciento. En 2024, ocupó el cuarto puesto con un 3,7 por ciento de crecimiento, superior al 3,5 por ciento de la media nacional. Este dinamismo se ha reflejado en el mercado laboral, donde en el tercer trimestre de 2025 se alcanzó el máximo histórico de ocupación, con 940.000 personas trabajando, y se han creado más de 219.000 empleos desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia regional. Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,4 por ciento en 2025 y del 1,9 por ciento en 2026.
El consejero ha destacado que Castilla-La Mancha lidera el Índice de Confianza Empresarial, lo que demuestra la confianza de los empresarios en la política económica del Gobierno regional. Además, ha valorado positivamente las calificaciones de las agencias Moody’s y Fitch y los datos del Banco de España, que sitúan a la región como la tercera comunidad que más ha reducido el peso de la deuda respecto al PIB bajo el gobierno de García-Page.
Respecto al presupuesto de 2026, Ruiz Molina ha remarcado que el 72 por ciento se destina a gasto social, más de 7.555 millones de euros, un 68 por ciento más que en 2015, para fortalecer los servicios públicos del Estado del Bienestar. Simultáneamente, se refuerza el compromiso con el crecimiento económico y el empleo, con 3.232 millones de euros destinados a este fin, un 72 por ciento más que hace una década. De esta cantidad, 1.475 millones se canalizan a través de transferencias a empresas.
El presupuesto también incluye 1.560 millones de euros para infraestructuras, destinados a financiar servicios públicos fundamentales y mejorar la competitividad empresarial. Dentro de la estrategia frente a la despoblación, que cuenta con un volumen total de 2.116 millones, el 40 por ciento (852,9 millones) se dirigirá a favorecer el emprendimiento, la innovación y la ayuda a las pymes en el mundo rural.
Ruiz Molina ha subrayado que esta distribución del gasto es compatible con un presupuesto equilibrado, con déficit cero y sin incrementar el endeudamiento, acompañado de una reducción de la carga fiscal. En este sentido, ha recordado el compromiso de bajar los tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) y ampliar las deducciones por arrendamientos de vivienda.
Sobre el sistema de financiación autonómica, el consejero ha pedido "unidad de todas las fuerzas políticas" y la "complicidad de la clase empresarial" para garantizar el "principio de igualdad" independientemente de la capacidad económica o del territorio. Ha reiterado la necesidad de negociar en el seno del CPFF y de establecer un fondo transitorio que corrija los desequilibrios actuales, así como una ley de armonización para evitar la competencia desleal entre regiones.
Ángel Nicolás, por su parte, ha manifestado el "apoyo y la complicidad" de la patronal regional, compartiendo "al cien por cien la política que está manteniendo el Gobierno regional". Considera injusto que la comunidad autónoma esté perdiendo capacidad con el actual modelo y ha enmarcado la aprobación del presupuesto en un momento de "certidumbre y seguridad jurídica" que demandan las empresas.
Ruiz Molina ha concluido indicando que con este presupuesto se tienen los "mimbres necesarios para favorecer el desarrollo económico de la región", con el sector empresarial como principal colaborador, para "generar empleo y riqueza" del que puedan participar todos los ciudadanos a través del gasto social, con incremento cero de endeudamiento y reducción de impuestos.
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