La Guardia Civil ha intervenido más de una decena de camiones y caravanas vinculados a la rave celebrada en el entorno del pantano del Cenajo, unos vehículos que han sido trasladados y retenidos en la Ciudad del Transporte de Hellín. Según ha publicado El Faro de Hellín, los vehículos permanecerán estacionados en dichas instalaciones hasta que se resuelvan las incidencias detectadas, sin que por el momento haya trascendido información oficial sobre las causas concretas de la intervención ni sobre los plazos previstos para su resolución.
Esta actuación se produce en un contexto de fuerte polémica social, después de que la Guardia Civil llevara a cabo el desalojo forzoso del entorno del Cenajo, una intervención en la que participaron varias patrullas y unidades de caballería. Según numerosos testimonios en redes sociales, el operativo se desarrolló cuando "ya apenas quedaba público en el lugar", lo que ha generado un aluvión de comentarios críticos en plataformas digitales.
Entre los mensajes más repetidos se encuentran expresiones de sorpresa e indignación, señalando que "ahora que no quedaba gente se han atrevido a entrar", o criticando lo que algunos usuarios califican como una actuación "desproporcionada" y contraria al espíritu de libertad.
Uno de los aspectos que más malestar ha generado es que en el comunicado oficial difundido el día anterior no se informaba de que se fuera a producir un desalojo forzoso, ni se detallaban las posibles consecuciones posteriores, como la inmovilización de vehículos.
A día de hoy, no existe confirmación oficial detallada por parte de las autoridades sobre los motivos exactos de la intervención de los camiones y caravanas, las supuestas irregularidades administrativas o técnicas detectadas, ni los plazos concretos para la devolución de los vehículos. Las diligencias continúan abiertas y los vehículos permanecen retenidos en la Ciudad del Transporte de Hellín hasta nueva indicación por parte de las autoridades.
Desde Objetivo Sierra de Albacete consideran que, en un sistema democrático, la ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, veraz y completa sobre actuaciones de este calibre, especialmente cuando generan un impacto social tan evidente y un debate público tan intenso. La falta de explicaciones oficiales detalladas alimenta la confusión, el malestar y la especulación, algo que podría evitarse con una comunicación institucional más transparente y precisa.
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