El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este lunes por unanimidad solicitar a la Junta de Comunidades una moratoria de al menos cinco años en la aplicación del canon por pérdidas de agua recogido en la Ley 2/2022 de Aguas. La medida busca aliviar la carga económica de los ayuntamientos, especialmente los rurales, para que puedan invertir en renovar sus redes de abastecimiento.
La portavoz del Gobierno, Rocío Zarco, explicó que "la aplicación inmediata de este canon sobre el agua no registrada o pérdida por fugas está generando una grave carga económica para muchos ayuntamientos". Destacó que la Diputación ha invertido más de 20 millones de euros durante la actual legislatura en mejora de redes, además de otros 35 millones previstos para 2025.
El portavoz socialista, José Manuel Bolaños, anunció el voto favorable de su grupo aunque consideró "insuficiente" la aportación provincial y pidió un plan de renovación de redes "más ambicioso" de 130 millones de euros. Reconoció que "el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está trabajando en esta materia" con más de 10 millones de euros disponibles para los municipios.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, intervino para dejar claro que "no estamos de acuerdo con el canon del agua" porque considera que "es una doble imposición" que finalmente "acaba repercutiendo en los ciudadanos". Solicitó "sensatez y tiempo" para que los ayuntamientos se adapten y reveló que ya trasladó personalmente al presidente regional, Emiliano García-Page, la necesidad de una moratoria.
Valverde calificó de "muy escaso" el esfuerzo de la Junta en toda la región, considerando que "diez millones de euros para una región como Castilla-La Mancha son insuficientes". Propuso que "los 70 u 80 millones que se recauden con este canon se destinen directamente a los ayuntamientos para inversiones hidráulicas".
II Plan de Igualdad y nuevo reglamento municipal
El Pleno también aprobó el II Plan de Igualdad para el Personal (2025-2029) y la modificación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Se trata de la primera actualización desde 2009 en esta materia.
Adicionalmente, se dio luz verde al Reglamento para la Prestación de Servicios por el Departamento de Asistencia a Municipios, que el presidente Valverde calificó como "uno de los asuntos más importantes de la legislatura". El texto fue aprobado con el voto favorable del Equipo de Gobierno y el voto en contra del grupo socialista.
El portavoz socialista, José Manuel Bolaños, justificó su voto en contra porque no se incorporaron las alegaciones del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL). La portavoz Rocío Zarco hizo un llamamiento para reconsiderar el voto, destacando que el reglamento "refleja la verdadera esencia de las diputaciones".
Valverde subrayó que el nuevo reglamento "supondrá un antes y un después en el reconocimiento de las funciones que desde la Diputación se prestan a los ayuntamientos" y beneficiará especialmente "a los municipios más pequeños". Destacó que el texto fue elaborado por técnicos de la institución que son miembros del Colegio de Secretarios e Interventores, lo que garantiza "su solvencia y rigor profesional".
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