Castilla-La Mancha impulsa cuatro ejes estratégicos con inversiones millonarias en innovación, agrodigitalización, protección infantil y derechos del consumidor

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este 26 de noviembre de 2025 a un paquete de medidas que movilizará 12,3 millones de euros en cuatro ámbitos prioritarios. La portavoz Esther Padilla ha detallado las iniciativas, comenzando por los 8 millones destinados al Edificio 6 del Parque Científico y Tecnológico de Albacete, que sumados a 500.000 € ya aprobados para redacción del proyecto, crearán 6.500 m² con 35 módulos para empresas tecnológicas. "De 40 empresas en 2020 hemos pasado a 69 con 1.600 trabajadores", ha subrayado, destacando la climatización sostenible y materiales de baja huella energética del nuevo espacio.

En el sector agropecuario, se renovó por dos años el contrato con Tragsatec por 1,5 millones (80% FEADER, 6% Estado, 14% regional) para mantener el motor digital de ayudas agrícolas. Padilla ha enfatizado que esta inversión evita errores en la gestión de 1.000 millones anuales en subvenciones, incorporando mejoras en ciberseguridad y eficiencia administrativa.

La protección infantil recibirá 2,4 millones para prorrogar durante 2026 los 24 programas LOPIVI gestionados por 48 profesionales. La portavoz ha revelado que 57% de los menores en acogida presentan discapacidades o necesidades mentales, requiriendo intervención especializada. Estos equipos operan como "radares preventivos" en colegios y barrios, con protocolos reconocidos nacionalmente por la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales.

Como cuarto pilar, se aprobó la reforma del Estatuto de Personas Consumidoras para precisar sanciones contra prácticas abusivas. Padilla ha ejemplificado con subidas de precios en emergencias o cortes injustificados de suministros, detallando que la normativa autonómica supera en concreción a la estatal al definir escenarios como negativas a emitir presupuestos escritos o retrasos en reparaciones. Las multas se complementarán con cierres temporales de establecimientos y exclusión de ayudas públicas para reincidentes.