Castilla-La Mancha exige un modelo de financiación autonómica basado en igualdad real y rechaza el criterio de capacidad económica

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reclamado este 26 de noviembre de 2025 en Valencia un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice "igualdad efectiva" en el acceso a servicios públicos, rechazando el principio de ordinalidad defendido por el Gobierno central. Durante su intervención en las XIII Jornadas RIFDE organizadas con el IVIE, Ruiz Molina ha tachado de "contradicción" que un ejecutivo socialista apoye que comunidades con mayor capacidad económica reciban más fondos, lo que en su opinión "traslada a la ciudadanía que quien paga más IRPF tiene prioridad en sanidad".

Acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, el titular de Hacienda castellanomanchego ha debatido con homólogos de Valencia, Galicia y Murcia sobre la evolución del gasto autonómico, destacando la necesidad de diferenciar partidas esenciales como sanidad o educación en la aplicación de la regla de gasto. "No es equitativo aplicar el mismo incremento presupuestario a todas las comunidades cuando partimos de bases diferentes", ha argumentado, proponiendo que este tema se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ruiz Molina ha cuestionado duramente las negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y la Generalitat catalana, recordando que la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, defendió inicialmente la multilateralidad. "Lo que afecta a todos debe discutirse con todos", ha insistido, rechazando que se prioricen "intereses partidistas sobre los territoriales". El consejero ha evocado el precedente de su petición a Mariano Rajoy en 2017, reiterando ahora a Pedro Sánchez que la financiación "no es cuestión de siglas políticas, sino de cohesión territorial".

En materia de reglas fiscales, el responsable autonómico ha abogado por excluir el gasto en defensa del cálculo global y establecer márgenes diferenciados para servicios públicos esenciales. "El crecimiento del gasto sanitario no es comparable al educativo o a las prestaciones sociales", ha subrayado, insistiendo en que la actual normativa "penaliza a las regiones con menor capacidad recaudatoria".

El evento, que reunió a académicos y autoridades en el IVIE, sirvió también para plantear la creación de un fondo de nivelación interterritorial basado en la "igualdad por habitante ajustado". Ruiz Molina cerró su intervención valorando el aporte de expertos independientes: "Su análisis técnico enriquece el debate político", concluyó, reafirmando el compromiso de su gobierno con un modelo que "garantice servicios públicos de calidad independientemente del código postal".