Los trabajadores de la multinacional Marktel Global Services se han concentrado este jueves a las puertas del centro de la empresa en Albacete, convocados por los sindicatos UGT y CCOO, para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a los 55 puestos de trabajo del centro.
Tras la concentración, ambos sindicatos han mantenido una reunión con la empresa que ha finalizado sin ningún acuerdo, por lo que anunciaron que solicitarán la impugnación del ERE y la improcedencia de los despidos.
El responsable del sector de Oficinas y Seguros de FeSMC UGT Castilla-La Mancha, Diego Martínez-Acacio, ha denunciado que "la postura de la empresa es intransigente" y ha asegurado que tienen "las bases suficientes para solicitar a las autoridades laborales la improcedencia de los despidos". Martínez-Acacio ha explicado que la empresa alega "motivos organizativos y productivos", pero ha destacado que "a la vez que la multinacional cierra este centro de trabajo, está creando nuevos servicios en otros centros de España".
"La empresa actúa de mala fe", ha afirmado el representante de UGT, quien ha añadido que "se está jugando con el pan de 55 familias". Entre los clientes de Marktel se encuentran Orange, Caixa, Aguas de Valencia, Mapfre, Santa Lucía, Adeslas, Línea Directa, Carrefour, Mutua Madrileña e Iberdrola. Pese a este volumen de trabajo y las continuas campañas en otros centros, la multinacional "se niega a desviar carga de trabajo al centro de Albacete".
Por su parte, la responsable de Servicios de CCOO Albacete, Carmen Olivas, ha explicado que esta "mala fe" viene motivada porque la empresa acumula cuatro sentencias perdidas por incumplir el convenio laboral y tener a sus empleados contratados con una categoría profesional inferior a la que desempeñaban. Olivas ha afirmado que "este ERE es absolutamente desproporcionado y no obedece a causas organizativas, sino que es una venganza de Marktel por todas las demandas que hemos puesto".
La representante de CCOO ha detallado que "llevamos tiempo demandando que la aplicación del convenio es incorrecta, que las categorías no son las que les corresponden" y que incluso han llegado a acudir a la Inspección de Trabajo. Olivas ha señalado que la empresa "se escuda en Vodafone", pero debería haberse preocupado de buscar otros clientes porque el servicio se puede prestar a otras empresas.
"Estamos hablando de una plantilla joven, la mayoría mujeres, y que por reivindicar sus derechos se ven en la calle", ha afirmado la responsable sindical.
Ambos sindicatos también han exigido que las instituciones públicas, locales y regionales se posicionen y se pongan del lado de las personas trabajadoras.
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