OCU advierte que la nueva ley de atención al cliente no eliminará las llamadas comerciales no deseadas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado este lunes que la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente (SAC), pendiente de validación en el Senado, no supondrá el fin del spam telefónico pese a introducir avances. La norma modificaría el artículo 62 de la Ley General para la Defensa de Consumidores, declarando nulos los contratos derivados de llamadas no solicitadas, pero según la OCU “no elimina las llamadas comerciales no deseadas”.

Entre las mejoras de la SAC destacan la prohibición de usar llamadas de consulta para vender productos, la eliminación de sistemas basados solo en contestadores automáticos y la obligación de atender el 95% de las llamadas en menos de tres minutos. Sin embargo, la organización critica que no se hayan incorporado sus propuestas clave: numeraciones especiales para diferenciar llamadas comerciales de atención al cliente y mecanismos efectivos para identificar a los responsables.

OCU exige medidas adicionales como la identificación obligatoria de la empresa que realiza la llamada y herramientas sencillas para revocar consentimientos, mediante verificación en listas como Robinson o StopPublicidad. En sectores sensibles como el energético, reclama prohibir directamente la contratación telefónica salvo que la llamada la inicie el usuario, replicando el modelo de la venta puerta a puerta, donde ya existen sanciones para las empresas infractoras.

La organización ha recordado que los cambios normativos de 2023 y 2025 tampoco resolvieron el problema, principalmente por la falta de sistemas para rastrear a los emisores de llamadas. Aunque la SAC introduce un importante desincentivo al declarar nulos los contratos abusivos, OCU insiste en que “queda camino por recorrer para una protección real frente a prácticas comerciales agresivas”.

El texto legal, que afectaría a sectores básicos como energía, telecomunicaciones, transporte, agua y servicios financieros, garantizaría además el derecho a acceder a las grabaciones de las llamadas. Pese a estos avances, la OCU mantiene que sin identificación clara del remitente y prohibiciones sectoriales específicas, los usuarios seguirán expuestos a interrupciones no deseadas.