Incendios en Castilla-La Mancha: críticas a la gestión y propuestas para reforzar la prevención

La polémica sobre la gestión de incendios en Castilla-La Mancha ha escalado tras denunciarse irregularidades en el modelo de financiación y despliegue de recursos. GEACAM, empresa encargada de estas labores, afronta críticas por su estructura privada y el uso de fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) –destinados originalmente a agricultores y ganaderos– para costear sus operaciones.

En plena ola de riesgo extremo, se ha detectado un contrasentido operativo: mientras se prohibía a los agricultores trabajar en sus tierras para evitar chispas, los medios del operativo INFOCAM –incluyendo aeronaves, bulldóceres y personal– fueron desplegados en provincias como Cáceres, León, Badajoz, Ávila y Palencia. Esta decisión ha sido calificada como "negligencia" por dejar desprotegida la comunidad autónoma en momentos críticos.

Fuera de la temporada de incendios, GEACAM centra sus esfuerzos en labores de desbroce, actividad cuyo coste por hectárea supera ampliamente al de iniciativas privadas. Críticos señalan que estas tareas resultan menos eficientes que el pastoreo controlado, método tradicional que reduce material combustible de forma natural.

Propuestas de reformulación

La Unión de Castilla-La Mancha ha planteado seis medidas urgentes. En primer lugar, exige reasignar los fondos del PDR –actualmente destinados a GEACAM– hacia el fomento de la ganadería extensiva y prácticas agrícolas preventivas. Además, propone transformar al personal de la empresa en funcionarios de un servicio público de extinción, financiado íntegramente por los Presupuestos Generales de la Junta.

La organización también reclama simplificar la normativa que afecta a los campesinos, permitiéndoles gestionar los terrenos como históricamente han hecho –reduciendo así el riesgo de incendios–, junto a la creación de cortafuegos estratégicos. Finalmente, insta a eliminar la "demonización" del sector agrario, subrayando que agricultores y ganaderos constituyen "la primera barrera contra el fuego" mediante el mantenimiento activo de los campos.

Este debate surge en un contexto donde la eficacia de los modelos de prevención y la asignación de recursos públicos están bajo escrutinio. Las críticas apuntan a una posible reconversión del sistema actual, priorizando soluciones integradas en lugar de externalizaciones costosas.