El Ministerio de Hacienda ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica que supondrá para Castilla-La Mancha un incremento de 1.250 millones de euros anuales respecto al sistema vigente, lo que representa un aumento del casi 14% en los recursos que recibiría en 2027. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que esta propuesta eleva los recursos totales del sistema autonómico en 20.975 millones para blindar el Estado de Bienestar, con un reparto total estimado de 224.507 millones en 2027.
Bases del nuevo modelo y beneficiadas
El nuevo modelo, que será debatido en un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario el próximo miércoles, incrementa la cesión del IRPF del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades más beneficiadas debido a su población ajustada, que es un 4% superior a la padrón (81.000 habitantes más), y por ser una de las receptoras netas de la nivelación horizontal (solidaridad interterritorial).
Mecanismos clave de solidaridad y autonomía
El sistema establece un mecanismo transparente de solidaridad interterritorial que garantiza que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado. La nivelación vertical, con una aportación estatal de 19.000 millones, reducirá en dos tercios la distancia financiera respecto a la comunidad más rica. Además, se introduce un fondo climático de 1.000 millones (dos tercios para autonomías mediterráneas) y la opción de que las comunidades reciban parte del IVA generado por las pymes en su territorio.
Garantías y gestión mejorada
El modelo incluye una cláusula de statu quo que asegura que ninguna comunidad perderá recursos (con 400 millones adicionales del Estado para Cantabria y Extremadura). Montero ha anunciado también la reformulación del sistema de entregas a cuenta para ganar agilidad y la posibilidad de un sistema de caja compartida en el IRPF y otros tributos, así como un nuevo modelo de gestión en red para que las autonomías asuman más competencias gestoras.
Reducción de desigualdades y compromiso estatal
La propuesta reduce la diferencia entre la comunidad con más y menos recursos de 1.500 a 477 euros por habitante ajustado (antes del statu quo), quedando en 700 euros tras las correcciones. Montero ha subrayado que el modelo beneficia a todas las autonomías, refuerza la equidad y responde al interés general con principios "justos, claros y transparentes".
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