El Gobierno aprueba una ley pionera para proteger a menores en entornos digitales con control parental obligatorio y penas por 'deepfakes'

El Consejo de Ministros ha remitido este martes a las Cortes el proyecto de ley orgánica para proteger a menores en entornos digitales, una iniciativa que obligará a los fabricantes de dispositivos a incluir sistemas de control parental gratuitos y efectivos. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha subrayado que la norma, “pionera en Europa”, combate riesgos como el acceso casual a pornografía —que afecta al 50% de los menores— o las ‘ultrafalsificaciones’ (deepfakes) de contenido sexual.

En primer lugar, la ley establece que los fabricantes de móviles deberán garantizar controles parentales “accesibles y eficaces”. Además, regulará los ‘loot boxes’ (recompensas aleatorias en videojuegos) y exigirá a ‘influencers’ y plataformas con gran audiencia que verifiquen la edad de usuarios y segreguen contenidos violentos o pornográficos. “El 90% de los ciudadanos europeos reclaman esta protección”, ha señalado Bolaños, recordando que la edad media para tener primer móvil en España es 11 años.

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha detallado la Estrategia Nacional asociada, que incluirá una escuela digital para padres en colaboración con municipios y un plan de alfabetización mediática en colegios. “Los menores han participado en diseñar esta ley a través del Consejo Estatal de Participación Infantil”, ha afirmado. La estrategia también contempla laboratorios de cultura digital y un observatorio para investigar el impacto tecnológico en menores.

En el ámbito penal, la norma tipifica como delito la difusión de pornografía accesible a menores, las ultrafalsificaciones vejatorias y la creación de perfiles falsos por adultos para engañar a víctimas infantiles. Además, agrava las penas por blanqueo de capitales vinculado a delitos contra la UE y permite a jueces retirar contenidos inadecuados de forma inmediata.

Transposición de directiva europea sobre sanciones

El Ejecutivo ha abordado la transposición de una directiva europea que armoniza las sanciones por incumplir medidas restrictivas de la UE (como embargos a terceros países). Bolaños ha explicado que, hasta ahora, cada Estado aplicaba estas normas de forma desigual. El anteproyecto prevé sanciones a personas jurídicas en función de su facturación mundial y endurece el castigo si los fondos blanqueados proceden de delitos contra la seguridad europea.

En educación, el Gobierno ha aprobado una transferencia de 58,5 millones de euros a comunidades autónomas para libros de texto, un 20% más que en 2018. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha destacado que los fondos beneficiarán a alumnos de Primaria y ESO en centros públicos, con posibilidad de extenderse a Bachillerato y FP.

Conflictos institucionales y memoria histórica

El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid que bloquea declarar la Real Casa de Correos —sede de la represión franquista— como Lugar de Memoria Democrática. Alegría ha recordado que el edificio albergó la Dirección General de Seguridad, donde “miles de personas fueron torturadas” durante la dictadura. La decisión se toma tras el rechazo de Madrid a una propuesta de diálogo del Ministerio de Política Territorial.

Finalmente, el Plan Técnico Nacional de la TDT impulsará la emisión en ultradefinición, alineándose con estándares europeos. El presidente Pedro Sánchez comparecerá este miércoles en el Congreso para abordar el apoyo a Ucrania y viajará a París el jueves para una cumbre con Emmanuel Macron.