La organización Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al borrador del decreto del Reglamento de Caza y ha solicitado su retirada para que sea objeto de un debate plural. A su juicio, el texto sometido a información pública empeora el contenido del anulado por el Tribunal Superior de Justicia tras su demanda, al incorporar medidas contrarias a la legislación estatal básica y otras que suponen un riesgo grave para la salud y la seguridad de las personas.
Ecologistas en Acción ha denunciado que, en cuanto a la forma, el decreto salió a participación pública en verano, «intentando ocultar la iniciativa a la opinión pública». Ahora, durante el trámite de información pública, el Gobierno regional solo ha dado 20 días para alegar, reuniendo a la vez y «de forma precipitada» a los consejos provinciales de caza y al consejo regional, que se celebrará el próximo martes día 21.
Según la organización, el Gobierno regional no ha querido convocar otros órganos de participación que no fueran estos, ya que en ellos hay mayoría de organizaciones pro-cinegéticas y miembros de la administración, y solo una presencia «testimonial» de organizaciones ambientales y científicas. «De esta forma el Gobierno regional se asegura el informe favorable de este órgano opacando cualquier debate con los múltiples sectores que se pueden ver afectados por esta norma», han afirmado.
Respecto al contenido, el nuevo texto «lejos de corregir los errores del anterior, incorpora nuevas medidas que redundan en ofrecer privilegios al sector de la caza en detrimento del resto de la ciudadanía y de las actividades en el medio rural». Así, permite a los titulares cinegéticos cazar en vías públicas y pecuarias. También incorpora una prórroga adicional de tres años para usar la munición de plomo en zonas cinegéticas de gestión pública, a pesar de que su uso ha sido relacionado científicamente con la contaminación de la carne de caza con este metal pesado, pudiendo ocasionar «graves daños en la salud, en especial en las personas vulnerables».
La organización ha señalado que este reglamento «profundiza en la intensificación de la caza y en el perjuicio que ocasiona en el medio ambiente, en las especies y en los espacios naturales, singularmente los protegidos, en el desarrollo rural y en las actividades que se desarrollan en el medio natural, tales como educativas, deportivas, recreativas o turísticas y pone en riesgo la salud, la seguridad de las personas y el bienestar animal».
A pesar de este escenario, Ecologistas en Acción ha presentado numerosas alegaciones que abarcan cuestiones como la custodia de la riqueza genética de las especies autóctonas, la reducción del número de especies cazables, la restricción de modalidades de caza especialmente dañinas o sanguinarias, la prohibición de las sueltas y tiradas, la declaración de un periodo mínimo de parada biológica por coto de 8 meses, la exclusión de los animales domésticos de la normativa cinegética, que no se facilite a cazadores hacer controles en espacios protegidos como los parques nacionales, que se prohíban los métodos de control de población basados en el uso de lazos y cajas trampa, que se prohíba la munición de plomo porque hay alternativas, que se limite la caza a personas menores de edad, que se implanten medidas de bienestar animal en el empleo de animales para la caza, que no se permita la caza en vías públicas y pecuarias y que se tomen medidas adicionales para evitar riesgos a la seguridad de las personas no cazadoras.
Agregar comentario