Castilla-La Mancha rechaza el modelo de financiación autonómica por "consagrar privilegios" mediante el principio de ordinalidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado de "línea roja" el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central durante su participación este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, criticó en Madrid que el sistema "consagra el principio de ordinalidad", lo que en su opinión perpetúa que "quien más tiene, más reciba", en referencia a comunidades con mayor capacidad económica.

Críticas al proceso negociador

Ruiz Molina, acompañado por el director general de Presupuestos Isidro Hernández, denunció que el modelo se ha gestado mediante "chantaje de los independentistas catalanes" a través de acuerdos bilaterales excluyentes. Subrayó la paradoja de que solo Cataluña, el Gobierno central y el presidente de la Generalitat dispongan de información detallada sobre los cálculos para 2027, mientras otras autonomías como Castilla-La Mancha carecen de datos verificables.

El titular de Hacienda recordó el incumplimiento de dos resoluciones del Congreso Federal del PSOE en Sevilla: la multilateralidad en las negociaciones y el rechazo a la ordinalidad. "No se ha negociado con comunidades autónomas, sino con un partido independentista que ni siquiera gobierna en ninguna región", precisó durante su intervención ante los medios.

La batalla contra la ordinalidad

El eje del rechazo regional se centra en el principio de ordinalidad, que según Ruiz Molina "rompe la igualdad" al permitir que territorios con mayor recaudación fiscal accedan a más recursos. "Implica aceptar que un ciudadano de Burgos merezca mejores hospitales o colegios que uno de Toledo por el simple hecho de residir en una comunidad con más ingresos", ejemplificó el consejero.

Esta postura choca frontalmente con el modelo defendido por Castilla-La Mancha, basado en la igualdad de financiación por habitante ajustado. Ruiz Molina alertó que el sistema propuesto "institucionaliza la desigualdad" y contradice el mandato constitucional de garantizar servicios públicos homogéneos en todo el territorio.

Opacidad en los datos y próximos pasos

El Gobierno regional exigió transparencia sobre los criterios de reparto para 2027, cuestionando si se aplican parámetros "racionales o caprichosos" para beneficiar a Cataluña. Ruiz Molina reveló que ni siquiera el Partido Socialista habría participado en el diseño del modelo, pese a ser la formación del actual Ejecutivo central.

Como contrapunto, el consejero apoyó la petición del Gobierno central al Partido Popular para presentar una alternativa, aunque recordó que la misma exigencia debería aplicarse al PSOE. "Este modelo nace de una negociación opaca que margina a la mayoría de comunidades", concluyó antes de reafirmar el compromiso de Castilla-La Mancha con un sistema "multilateral y equilibrado".