El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha cerrado este martes el Foro "Financiación e impulso económico: claves para el futuro de Ciudad Real", organizado por el periódico digital El Español en el Museo del Quijote de la capital provincial, donde ha denunciado las "importantes desigualdades" que existen actualmente en materia de financiación entre municipios de Castilla-La Mancha respecto a los de otras comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco.
Cañizares ha atribuido estas diferencias a "las tensiones políticas que estamos arrastrando de forma insoportable en los últimos años", recordando que "los mayores perjudicados son los municipios y por lo tanto los vecinos de cada uno de ellos, hay diferencias claves para afrontar inversiones de futuro y servicios a nuestros ciudadanos". El alcalde ha basado esta afirmación en la comparación de dos ciudades de similar población como Manresa y Ciudad Real, señalando que la primera cuenta con un presupuesto de 135 millones de euros, mientras que la castellano-manchega ronda los 92 millones, es decir, "un 45% menos pese a ser municipios muy similares".
Críticas a la Junta de Comunidades
El alcalde de Ciudad Real también ha criticado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por "convertir a los Ayuntamientos en hermanos pequeños, incapaces de tomar decisiones por su cuenta y siempre sometidos al albur de las corrientes de la administración regional en cada momento". Cañizares ha advertido de un "grave problema de endeudamiento a 2 o 3 años vista, cuando se acaben los fondos europeos, un chorro de millones que no hemos sabido gastar como país".
Reclamación de infraestructuras y reforma legislativa
Además, Francisco Cañizares ha reclamado una "mayor implicación de las administraciones autonómicas y nacional para el desarrollo de infraestructuras necesarias e imprescindibles para los municipios", denunciando que "las provincias de Castilla-La Mancha siguen sin estar comunicadas por autovía".
Por último, el alcalde de Ciudad Real ha reclamado una "imprescindible reforma de la Ley de Bases que defina con claridad las competencias de los Ayuntamientos", argumentando que "sólo con eso, ya se resolverían una buena parte de nuestros problemas diarios de funcionamiento, pero no interesa a quienes tienen el dinero, que son las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España".
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