El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido una reunión "clave" con representantes de los regantes de las cuencas del Segura y del Júcar en el marco de la nueva planificación hidrológica 2028-2033 que condicionará el futuro del regadío en la región. El encuentro contó con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y diversos representantes del sector.
Martínez Lizán ha manifestado la "inquietud que hay en todo el sector agrario y ganadero, pero también del agroalimentario, del industrial" e, incluso, una preocupación desde el punto de vista del abastecimiento de agua a las poblaciones. El consejero ha explicado que Castilla-La Mancha defiende una idea clara: dentro del mismo marco europeo, la realidad de cada territorio es distinta, por tanto, la planificación hidrológica debe ser justa, proporcionada y adaptada a cada territorio, evitando recortes automáticos y homogéneos.
Preocupaciones comunes de las cuencas
Ambas demarcaciones han transmitido preocupaciones comunes, como el endurecimiento de las condiciones para el uso del agua en regadío, la incertidumbre sobre dotaciones y concesiones, el rechazo a recortes lineales, la necesidad de una planificación basada en datos reales, la cogestión entre administración y regantes y una petición de aplazamiento de la aplicación de la Directiva Marco del Agua.
En la Cuenca del Segura, que afecta a la provincia de Albacete, la cuestión clave es la escasez estructural de recursos, ya que esta provincia supone el 25 por ciento de la superficie de la cuenca, pero solo recibe el 10 por ciento del agua. Los regantes piden diferenciar el regadío de apoyo a leñosos, revisar datos de masas de agua, una red adecuada de piezómetros con datos fiables, programas proporcionales y flexibilidad, compensaciones y un enfoque territorial justo.
Por su parte, la Cuenca del Júcar, que afecta a Albacete y Cuenca, es una cuenca estratégica para Castilla-La Mancha, ya que el 71 por ciento de la misma pertenece a la región. Existe preocupación por los recortes del 35% y renovaciones de concesiones sujetas al consumo pasado, así como por las reservas hídricas sin adjudicar y una sensación de desequilibrio territorial por las transferencias hacia la costa.
Compromiso del Gobierno regional
El consejero ha explicado que "estamos trabajando para ver jurídica y administrativamente cómo afrontar el reto de la Directiva Marco del Agua, puesto que en esta ocasión está perjudicando seriamente el desarrollo futuro". En este sentido, ha avanzado que el presidente "darán noticias próximamente de qué actuaciones vamos a llevar a tal efecto desde el Gobierno regional".
Martínez Lizán ha defendido una normativa europea que "no vacíe el medio rural", que sea diferenciada y adaptada a cada territorio, que priorice la modernización, la reutilización y la eficiencia; que refuerce la gobernanza y la cogestión con los regantes y, por último, que garantice la sostenibilidad ambiental sin destruir la viabilidad económica del campo.
Proceso de alegaciones abierto
El consejero ha detallado que en este momento está abierto el proceso de alegaciones, al que tanto los representantes de las diferentes comunidades como la propia Administración "van a presentar alegaciones a este esquema de temas importantes". Ha expresado su esperanza en que "la coherencia y la razón imperen en el futuro proceso de planificación", fundamental para mantener esa actividad socioeconómica que genera vida, empleo y mantiene vivos los pueblos.
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