La Diputación de Toledo destinará 223 millones a carreteras en un contrato de 20 años

El Pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado definitivamente los estudios de viabilidad para la concesión de la red provincial de carreteras, un trámite esencial que permitirá licitar en 2025 el mayor contrato en la historia de la institución. La inversión superará los 223 millones de euros durante las próximas dos décadas para mantener y mejorar 957 kilómetros de vías, que incluyen 116 carreteras y cinco caminos vecinales.

La portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, destacó que este paso refleja la “apuesta por la mejora constante de las comunicaciones en la provincia”, subrayando que “invertir en carreteras es invertir en futuro, cohesión territorial, igualdad de oportunidades y lucha contra la despoblación”. Añadió que una red viaria en buenas condiciones asegura que “los municipios estén conectados, las empresas sean más competitivas y los ciudadanos tengan acceso a más servicios”.

El nuevo contrato, que entrará en vigor entre septiembre y octubre de 2026 al finalizar la concesión actual, divide la provincia en tres zonas: Zona 1 (Talavera), Zona 2 (La Sagra y parte de La Mancha) y Zona 3 (Montes de Toledo y otra parte de La Mancha). De Frutos valoró positivamente el modelo vigente desde 2006, que “ha funcionado muy bien durante 20 años, permitiendo modernizar y conservar nuestras carreteras con estabilidad presupuestaria”, lo que motivó la continuidad del esquema.

En la sesión plenaria también se aprobaron de forma provisional el catálogo de la red, los anteproyectos de construcción y explotación por zonas, y la memoria para la justificación de costes y revisión de precios. “Son actuaciones preparatorias para garantizar la continuidad cuando acabe la concesión actual”, explicó la portavoz.

Respecto al Presupuesto para 2026, actualmente en fase inicial, De Frutos avanzó que seguirá la línea de “atención a los municipios y mejora de la vida de la gente”, con un carácter “municipalista, de fuerte componente inversor y centrado en los ciudadanos”.

Sobre el Plan Corresponsables, la portavoz criticó la actitud del Ministerio de Igualdad y la Junta de Comunidades, afirmando que “no es lógico que nos impongan nuevas competencias sin dar la fuente de ingresos para las mismas”. Calificó de “irresponsabilidad manifiesta” la bajada sorpresiva de fondos y la exigencia de que la Diputación asuma la cofinanciación, especialmente en un ámbito “tan sensible como la igualdad, la conciliación y el empleo femenino”. Echó en falta “una interlocución mucho más fuerte” y reiteró que el responsable último debe ser “quien es competente, que es el Ministerio de Igualdad”.