Colectivos agrícolas vinculan los incendios a políticas restrictivas en lugar del cambio climático

La ola de incendios registrada este agosto de 2025 ha reabierto el debate sobre sus causas estructurales. Mientras algunas instituciones señalan al cambio climático, la Unión de Castilla-La Mancha y otros actores del ámbito rural sostienen que el origen está en las políticas legislativas que han reducido drásticamente la presencia de ganado y agricultores en el campo.

Según estos grupos, un año con precipitaciones dentro de la media histórica habría generado una acumulación de pasto que, al no ser gestionado por la actividad pecuaria, actúa como combustible para las llamas. «Un lugar donde pasta ganado no arde: no hay hierba seca que propague el fuego. Una tierra arada tampoco arde», argumentan textualmente. La tesis central es que la manipulación normativa de las últimas décadas —orientada, en su visión, a limitar la producción agropecuaria— ha eliminado barreras naturales contra los incendios.

Las críticas se extienden a la metodología usada para justificar las políticas ambientales. Cuestionan que se utilicen registros térmicos de solo 150 años —y de «muy pocas zonas»— como base para establecer tendencias climáticas, frente a los 2.000 millones de años de historia geológica del planeta. Este enfoque, denuncian, sirve de «coartada» para implementar restricciones cada vez más severas, las cuales —paradójicamente— incrementarían el riesgo de incendios al permitir la acumulación de vegetación seca en campos y cauces fluviales.

La Unión de Castilla-La Mancha ha exigido una liberalización urgente de las políticas agrarias, recordando que «antes no había incendios tan numerosos ni tan grandes». Su postura es clara: toda norma que limita la libertad del sector agropecuario termina provocando daños ambientales, incluso aquellos que pretende prevenir. Además, subrayan que la complejidad del mundo rural no puede gestionarse desde despachos, en referencia a lo que consideran una desconexión entre los legisladores y la realidad campesina.

El texto concluye con una advertencia: las catástrofes atribuidas al clima serían, en realidad, consecuencia de un «círculo vicioso» normativo donde las prohibiciones generan los problemas que luego se usan para justificar nuevas restricciones.