Castilla-La Mancha tramita medio centenar de sanciones por agresiones a sanitarios y ampliará su protección jurídica

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha tramitado cerca de 50 expedientes sancionadores por agresiones físicas o verbales contra profesionales del SESCAM, según ha detallado este 12 de diciembre de 2025 el director general de Recursos Humanos y Transformación, Iñigo Cortázar. En el Foro Profesional sobre Agresiones a Sanitarios organizado por el Colegio de Médicos de Toledo, ha reafirmado la política de "tolerancia cero" y destacado que la región es una de las tres comunidades con procedimiento sancionador específico para estos casos.

Cortázar ha anunciado dos reformas clave: la consideración de autoridad pública para todo el personal sanitario –lo que otorga "valor probatorio per se" a su testimonio– y la posibilidad de imponer sanciones administrativas incluso cuando exista sentencia judicial firme. "Si un profesional dice que le han agredido, basta para destruir la presunción de inocencia administrativa del agresor", explicó sobre la primera medida, mientras que la segunda permitirá "repercutir" multas tras condenas penales mediante una modificación legal inminente.

Los datos presentados revelan que Castilla-La Mancha registró en 2024 un 34,45% menos de agresiones que la media del Sistema Nacional de Salud, ampliando la diferencia respecto al año anterior. En Atención Primaria –ámbito de mayor riesgo– la tasa regional fue de 28,02 incidentes por cada 1.000 profesionales frente a los 46,43 nacionales, con agresiones físicas que representan la mitad de la media estatal. "No es motivo de celebración, pero refleja que el trabajo preventivo da resultados", matizó el director general.

Entre las medidas de protección destacan sistemas de alerta mejorados, asesoría jurídica 24/7, formación en desescalada y la figura pionera del director de seguridad. El Observatorio contra las Agresiones coordina estas acciones, aunque Cortázar insistió en que el problema "requiere conciencia social y colaboración ciudadana". Todo profesional agredido recibe apoyo psicológico, acompañamiento y asistencia legal inmediata porque "no debe sentirse solo en ningún momento".

Las infracciones muy graves como las agresiones físicas conllevan multas mínimas de 15.000€, en el marco de un sistema diseñado para "garantir que ninguna agresión quede impune". El objetivo dual del SESCAM es reducir los incidentes y fortalecer la respuesta cuando ocurran, pues "cada profesional protegido mejora la seguridad de los pacientes y la solidez del sistema".