El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha una campaña informativa sobre las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, con el objetivo de proteger los intereses de los productores y consumidores de la región. La portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, ha reiterado que la prioridad del Gobierno del presidente García-Page es "proteger los productos castellanomanchegos, defender los intereses de nuestros productores y de los consumidores de la región" e informar de manera veraz sobre este acuerdo que, si bien abre oportunidades para algunos sectores, también conlleva riesgos para otros.
Padilla ha destacado que ya se está trabajando en profundidad para estudiar todas las consecuencias del acuerdo, que lleva más de 20 años negociándose en las instituciones europeas. La portavoz ha insistido en la necesidad de abordar este tema "con responsabilidad", criticando que "algunos partidos políticos, e incluso responsables públicos, fuera y dentro de la región, generen alarmismo". Aunque reconoció que "tampoco hay que minimizar los riesgos que puede tener para determinados sectores".
La consejera ha subrayado que es fundamental que se cumplan las medidas de salvaguardia y los mecanismos que garanticen la igualdad en la producción y comercialización de los productos. También ha destacado que se incrementará en un 33 por ciento la vigilancia en frontera de los productos importados, garantizando así la seguridad alimentaria.
Respecto al proceso de ratificación, Padilla ha señalado que desde las consejerías de Economía y Agricultura se mantendrán reuniones con todos los sectores afectados una vez se conozca la decisión del Parlamento Europeo, donde una mayoría conservadora ha impulsado este acuerdo. Ha apuntado que "más allá de la decisión concreta que se adopte hoy, lo relevante será si se recurre o no, lo que podría retrasar su entrada en vigor".
Sobre financiación autonómica, la portavoz ha valorado las posturas manifestadas por otras regiones como Asturias, reiterando que la posición de Castilla-La Mancha ha sido "muy clara desde el principio". Padilla ha defendido un modelo multilateral acordado por todas las comunidades autónomas con el Gobierno central, que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos y suprima "cualquier tipo de privilegio". Ha destacado que cada vez son más las regiones que defienden este principio de igualdad en el modelo de financiación.
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