La concejal de Servicios Sociales de Ciudad Real, Aurora Galisteo, ha desgranado este martes ante los medios de comunicación el trabajo diario que está desarrollando el Ayuntamiento de Ciudad Real con las familias que viven en la barriada de San Martín de Porres. Acompañada por representantes de entidades sociales con las que colabora el consistorio, Galisteo ha asegurado que la realidad de los datos demuestra que "el Ayuntamiento es la única administración que está actuando de manera real, constante y responsable sobre el terreno" y por ello le ha pedido a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta de Comunidades que asuman sus competencias en materia de seguridad y de vivienda porque sin su implicación "no habrá solución completa ni definitiva para San Martín de Porres".
La edil ha acusado a la administración regional de una "ausencia de voluntad política" que ha quedado de manifiesto con el incumplimiento de las aportaciones económicas comprometidas en el Plan Integral para San Martín de Porres aprobado en 2023. Este plan contemplaba una financiación económica de 50.000 euros en 2023, de 333.000 euros en 2024 y de 425.551 euros en 2025. Galisteo ha afirmado que "ni un solo euro de esas cantidades ha llegado al barrio". Además, ha desvelado que hace ahora un año solicitó una reunión urgente con la consejera de Bienestar Social, de la que todavía no ha recibido respuesta: "silencio total por parte de la Junta".
La Junta de Comunidades es propietaria de 53 viviendas en la barriada (sólo 27 habitadas) en las que "no ha invertido ni un céntimo desde que las construyó". Frente a esa inacción, el Ayuntamiento de Ciudad Real "ha demostrado compromiso, seriedad y capacidad" ampliando su dotación económica comprometida en el Plan Integral. De hecho, su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional: la Cátedra de Inclusión Social de la UNED destacó el proyecto municipal de intervención integral como una buena práctica de inclusión social.
Galisteo ha reclamado a Junta y Subdelegación "que no miren para otro lado" y ha subrayado que "los vecinos de San Martín de Porres merecen respeto y soluciones reales, no propaganda". En relación a las últimas declaraciones del subdelegado del Gobierno, le ha recordado que la seguridad, "que es el primer problema del barrio", es competencia de la administración nacional por lo que le ha pedido "que no mire para otro lado y asuma su responsabilidad".
Para Galisteo, las declaraciones del subdelegado responden "a un desconocimiento de la realidad del barrio y del propio Plan que fue elaborado por un gobierno socialista" en colaboración con el resto de formaciones políticas del consistorio. "Es como si el PSOE se estuviera enmendando a sí mismo" y le ha recordado una vez más que las competencias en seguridad le corresponden a la Subdelegación y a la Policía Nacional.
La edil finalizaba su intervención tendiendo la mano al resto de administraciones para trabajar coordinadamente en dar solución a los problemas de San Martín de Porres y anunciando que en los próximos días el consistorio iniciará el proceso de derribo de cinco infraviviendas en el barrio, que se sumarán a las 28 que ya se han derribado desde el año 2019.
La concejalía de Servicios Sociales tiene un equipo técnico dedicado en exclusiva al trabajo a nivel individual y comunitario con las familias de San Martín de Porres. Son numerosas las acciones que se desarrollan en ámbitos diversos con el objetivo de abordar de manera integral las situaciones de exclusión social: actuaciones en materia de educación, de relaciones familiares, absentismo escolar, formación o cualificación profesional.
Un intenso trabajo que el consistorio va a seguir manteniendo para dar respuesta a las necesidades de la situación real de "las familias que viven en el barrio: mayores, niños y mujeres que merecen soluciones, no titulares sensacionalistas", ha afirmado Aurora Galisteo. En la presentación ante los medios, la concejal ha estado acompañada de trabajadoras del área de Servicios Sociales y de representantes de la Asociación para la Promoción Integral de Minorías Étnicas y Colectivos Vulnerables (Apimey-CV).
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