Alrededor de 600 auxiliares técnicos educativos, especialistas en Lengua de Signos y personal de cocina se concentran en Cuenca para exigir el fin de su precariedad laboral

Coincidiendo con el Día de la Enseñanza, alrededor de 600 auxiliares técnicos, especialistas en Lengua de Signos y personal de cocina educativos se han concentrado hoy en Cuenca para protestar por las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo en los centros educativos de la región. Como han venido realizando en anteriores protestas y convocados por UGT, CCOO, CSIF y STAS, estos profesionales han vuelto a reivindicar el fin de los contratos a tiempo parcial y de los contratos fijos discontinuos.

Alberto Núñez, responsable del sector Autonómica de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, exige para los trabajadores (el 85% son mujeres) de las categorías de Auxiliar Técnico Educativo (ATE), Técnico Especialista en Lengua de Signos (TEILSE) y personal de cocina (cocineros y ayudantes de cocina) tener las mismas condiciones que todo el personal laboral de la Junta de Comunidades, esto es, “que no sean despedidos cuando llegue el verano y que sus contratos se no queden limitados a ser contratos de 30 horas o incluso de menos horas al mes”. Añadía que esto no hace otra cosa que ahondar en la brecha salarial que sufren las mujeres de la región.

En Castilla-La Mancha hay más de 460 ATEs, de los cuales 300 se encuentran afectados por esta discriminación. 

En el comunicado que han leído, han puesto de manifiesto que “trabajar en una Administración Pública no es garantía de esquivar la precariedad, y eso lo saben bien las mujeres que trabajan en los centros educativos y hablamos de mujeres, porque más del 80% de los colectivos afectados son mujeres lo que implica una segregación de género que las leyes obligan a erradicar. Es inadmisible que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga entre su personal trabajador fijo e interino, contratación precaria y discriminatoria frente al resto de las empleadas y los empleados públicos, la prestación del servicio público no puede ni debe ir de la mano de unas condiciones laborales indignas. Es preocupante ver cómo trata el Gobierno de Castilla-La Mancha a estos colectivos”.