En las últimas semanas se están produciendo innumerables movilizaciones por parte de los integrantes del sector agrícola en nuestro país. La causa fundamental: los bajos precios que se pagan en origen, haciendo inviable la actividad económica para un buen número de agricultores. Los comentarios habituales que se oyen en la calle o en las redes sociales cuando salta este tema de conversación es: tienen toda la razón. Tenemos que apoyar al campo. Esta contundente afirmación gira en torno a dos cuestiones: ¿cómo hacerlo? y ¿qué significa realmente el “tenemos que apoyar al campo”?
En cuanto a los datos de exportación de frutas y hortalizas, que no es todo el montante en ventas, pero sí un dato significativo, según los datos de la FEPEX[1] hasta agosto de 2019, la exportación española de frutas y hortalizas frescas se situó en 9,2 millones de toneladas y 9.363 millones de euros, un 9% más en volumen y un 4% en valor respecto al mismo periodo de 2018. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la propia FEPEX, las exportaciones de frutas y hortalizas supone un 80% de la producción, quedándose el 20% restante en el mercado interno.
Estas cifras son el reflejo de las características del sector agrario español: potente productor de calidad con unos productos apreciados en todo el mundo y que accede al mercado global como estrategia para el aumento de ventas. Un mercado global absolutamente competitivo, al que también concurren otros países con sus productos y que generan en muchos casos una guerra de precios que, sin duda, afecta de manera negativa a los productores. La llamada autorregulación de los mercados libres se muestra feroz con una de las partes principales de la cadena, que son los que están saliendo masivamente a protestar a las calles y carreteras de nuestro país.
El anuncio de los recortes para el sector agrícola en la proposición de los próximos presupuestos de la Unión Europea ha sido otro jarro de agua fría para un sector que lleva arrastrando durante décadas una situación precaria. Esta sensación de que estos recortes van a suponer una nueva desgracia abunda en la realidad de que ni el mercado se regula automáticamente de manera conveniente para la mayoría ni es buena idea deshacerse de la capacidad regulatoria de los estados o de las entidades supranacionales creadas para estos menesteres.
Para asumir las demandas de los agricultores acerca de un precio mínimo de los productos comprados en origen, es inevitable la intervención de los gobiernos, ya sea fijando por ley ese precio mínimo o interviniendo la cadena de comercialización, o ambas. Estas medidas requieren de partidas presupuestarias bastante altas, por el propio tamaño del sector y por lo importante de la tarea que se exige. Y es, en este punto, donde cabe preguntarnos si realmente estamos dispuestos a “apoyar al campo”. Si realmente estamos dispuestos a aceptar la carga impositiva en nuestros salarios o en nuestras actividades económicas necesaria para financiar estas regulaciones antes mencionadas. Si estamos realmente dispuestos a pagar precios justos como consumidores de los bienes de primera necesidad. El movimiento se demuestra andando. ¿Estamos realmente dispuestos a apoyar al campo?
[1] Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas
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