El PSOE de Castilla-La Mancha acusa al PP de "triplete de malas prácticas": bulos, insultos y manipulación

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha denunciado en Toledo lo que calificó como "triplete de malas prácticas" del PP: manipulación de vídeos, difusión de bulos e insultos a periodistas. Durante su comparecencia, criticó especialmente que diputados populares acusen a medios como ElPlural, TVE, Onda Cero o Cadena SER de actuar "al dictado del PSOE" cuando plantean preguntas incómodas. "Es una falta de respeto muy cutre para no dar explicaciones", sentenció.

García-Navas vinculó estas tácticas con la crisis interna del PP en Cuenca, donde un centenar de representantes municipales exigen "democracia interna" tras la imposición de un nuevo líder provincial por parte de Paco Núñez. "¿Van a convocar elecciones primarias o el liderazgo de Núñez es tan débil que no consulta a sus bases?", cuestionó el dirigente socialista.

Sobre las acusaciones de recortes en políticas sociales, el portavoz presentó datos oficiales: bajo el Gobierno de Emiliano García-Page, el gasto por habitante en mayores se ha duplicado respecto al periodo de María Dolores de Cospedal, con 305 millones de euros adicionales invertidos. "Por cada euro que destinaba Cospedal, Page invierte dos", subrayó, atribuyendo las quejas de alcaldes como el de Fuensalida a "fallos en la gestión municipal".

En este último caso, García-Navas reveló que el convenio con la Junta aumentó 70.000 euros en dos años, contradiciendo las críticas del regidor popular. "Las subvenciones se asignan por concurrencia competitiva: premian los mejores proyectos, no las quejas infundadas", argumentó, insinuando que el consistorio de Fuensalida "ocultó este incremento" al debatir el tema.

La intervención concluyó con un llamamiento a "decir basta a las malas formas" del PP, instando a "priorizar los datos sobre los bulos" en el debate político. Los socialistas han reforzado su estrategia de contraofensiva informativa ante lo que consideran una "campaña sistemática de desprestigio" hacia las políticas sociales autonómicas.