CSIF alerta sobre la pérdida de poder adquisitivo y las desigualdades laborales en la región

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo y las desigualdades laborales en Castilla-La Mancha con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. El sindicato, primero en la Mesa General de la Función Pública regional, reclama a administraciones y empresariado "un compromiso con la dignidad, la igualdad y la justicia social".

El salario medio anual en la región se sitúa en 21.304 euros (1.775,3 euros/mes), lo que supone 2.087 euros menos que la media nacional de 23.291 euros. Castilla-La Mancha tiene el quinto salario más bajo del país, solo por delante de Extremadura (18.344 euros), Andalucía (19.618 euros), Murcia (20.552 euros) y Canarias (20.709 euros).

Entre 2022 y 2024, la inflación media acumulada en España fue del 14,7%, pero en la región alcanzó el 16,4%, lo que provocó un "empobrecimiento generalizado" mientras los salarios crecían a un ritmo "totalmente insuficiente". La comunidad autónoma sufrió durante 2021 y 2022 la inflación más alta de toda España.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, señaló que "la realidad laboral de nuestra región está marcada por los salarios bajos, la temporalidad, la precariedad y la desigualdad, tanto en el sector público como en el privado". Añadió que "el trabajo decente no puede ser un lema, tiene que ser una realidad" y exigió "hechos, negociación y compromisos firmes para recuperar derechos y dignidad en el trabajo".

La brecha salarial de género se situó en 2023 en el 18,73% en la región. El salario medio para las mujeres fue de 18.900 euros, el cuarto más bajo de España, muy lejos de la media nacional de 21.298 euros. Además, las mujeres firmaron solo el 34,4% de los contratos indefinidos a tiempo completo en septiembre, mientras que coparon el 73% de las jornadas parciales y mayoritariamente los contratos temporales (56,5% a tiempo completo y 65,3% a tiempo parcial).

En el empleo público, los trabajadores arrastran una pérdida retributiva superior al 20% desde 2010. El 33,5% de los empleados públicos son temporales -46.771 trabajadores-, muy lejos del máximo del 8% que marca la ley. La sanidad cuenta con más de 17.500 temporales, las administraciones locales con más de 11.600 y educación con más de 9.500 docentes interinos.

La región presenta otros problemas como la elevada siniestralidad laboral, la debilidad en los mecanismos de protección social (hasta el 34,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión), los riesgos psicosociales, el exceso de jornada y el estrés laboral. En el Sescam la carrera profesional permanece paralizada, siendo la única comunidad con este derecho congelado, y el Plan de Acción Social sigue eliminado desde la época de Cospedal.