El Consejo Regional de Consumo de Castilla-La Mancha, presidido por la directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, ha informado este viernes de la recuperación de 2,75 millones de euros para consumidores durante 2024 mediante procesos de mediación, en un año marcado por un aumento del 47% en las llamadas al teléfono de atención al ciudadano. Estos datos se incluyen en la memoria anual presentada en Toledo, que también destaca la adhesión de 12.870 empresas al sistema de arbitraje, reflejando una “visión positiva” del mecanismo entre el sector privado.
Claves del informe en contexto narrativo
La gestión del Consejo en 2024 se centró en reforzar la seguridad y los derechos de los consumidores, con 66.243 actuaciones inspectoras que detectaron irregularidades en el 4,4% de los casos. En el ámbito de la seguridad de productos, se gestionaron 1.090 alertas, interviniendo 74.351 unidades potencialmente riesgosas. Paralelamente, se atendieron 40.000 consultas y 17.000 reclamaciones, concentradas principalmente en telecomunicaciones, energía y servicios financieros, sectores que repiten como los más conflictivos.
El arbitraje de consumo resolvió 1.023 solicitudes, emitiendo 303 laudos vinculantes, con mayor demanda en transporte, electricidad, telecomunicaciones y automoción. La alta participación empresarial en este sistema —12.870 compañías adheridas— subraya, según el informe, su eficacia como alternativa a la vía judicial.
Innovación y futuro: CyberADR y derechos digitales
Entre las novedades, el Consejo presentó el proyecto CyberADR, financiado por la Comisión Europea, que implementará una plataforma digital para agilizar el arbitraje electrónico, especialmente en zonas rurales. Esta herramienta busca reducir plazos y aumentar la accesibilidad, reforzando la confianza en el sistema.
Además, se avanzó en la campaña “Tienes derechos en el entorno digital”, lanzada con motivo del Día Mundial de los Consumidores, que orienta sobre cómo actuar ante contenidos ilícitos en línea. La iniciativa se alinea con la modificación en curso del Estatuto de las Personas Consumidoras (Ley 3/2019), actualmente en fase de alegaciones públicas.
Hacia un consumo responsable
El encuentro también evaluó el Plan Estratégico de Consumo Responsable 2022-2024 y esbozó las bases de su sucesor para el periodo 2025-2027, que incorporará aportaciones ciudadanas recogidas en un proceso participativo. Aunque el documento aún está en redacción, se prevé su aprobación “inminente”, según fuentes del Consejo.
Con estas medidas, Castilla-La Mancha consolida su apuesta por un modelo de consumo “seguro, informado y responsable”, combinando control inspector, modernización tecnológica y educación ciudadana.
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