La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha solicitado este viernes al Gobierno central una financiación "suficiente y estable" para garantizar el futuro de los menores migrantes no acompañados atendidos en la región, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid. García Torijano, que ha estado acompañada por la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, ha agradecido "la disposición y el compromiso del Ministerio de Juventud e Infancia para avanzar en la coordinación y dotación de recursos", pero ha subrayado que los fondos anunciados resultan "muy insuficientes" para las necesidades actuales.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha informado durante la conferencia de que ya trabaja en la distribución de 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas para hacer frente a los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla, con previsión de que los ingresos se realicen entre finales de noviembre y principios de diciembre. Sin embargo, la consejera ha precisado que, según los datos de la comisión delegada previa, Castilla-La Mancha recibiría algo más de cuatro millones de euros, una cantidad que considera claramente inferior a lo necesario.
"Los menores no acompañados no llegan a Castilla-La Mancha para dos meses y luego se marchan. Llegan, se quedán y necesitan un plan de futuro que les permita encauzar su vida con dignidad y estabilidad", ha señalado García Torijano, añadiendo que la región está "prácticamente al 100 por cien de ocupación y necesitamos más recursos para mantener la calidad y la personalización que caracteriza a nuestro modelo de atención".
La titular de Bienestar Social ha informado de que ya se han derivado hasta Castilla-La Mancha varias decenas de expedientes de menores procedentes de Canarias y Ceuta, habiéndose efectuado algunos traslados efectivos, y ha destacado la colaboración entre comunidades para que las llegadas se produzcan de forma "tranquila y ordenada". No obstante, ha insistido en que la financiación debe permitir también planificar a medio y largo plazo: "No sólo debemos atender las necesidades inmediatas, sino acompañar a estos menores en su desarrollo y en su paso a la mayoría de edad".
García Torijano ha reiterado que Castilla-La Mancha seguirá defendiendo su modelo de hogares de convivencia pequeños (de entre ocho y diez plazas) y el acogimiento familiar como ejes principales de la política de infancia. "Nuestro sistema es garantista y apuesta por la desinstitucionalización. No queremos dar pasos atrás en las atenciones de menores", ha asegurado, enfatizando que necesitan "financiación suficiente para seguir ofreciendo una atención personalizada y de calidad".
Asimismo, ha solicitado que el Ministerio de Juventud e Infancia mantenga la colaboración con el Ministerio de Hacienda para asegurar que esta línea de financiación continúe más allá de 2025 y con vistas a 2026, "evitando poner en riesgo los sistemas autonómicos de protección".
Durante la sesión, Castilla-La Mancha también ha solicitado la elaboración de un plan de acción conjunto con la Fiscalía para garantizar que todos los menores trasladados a los recursos autonómicos sean efectivamente menores de edad, evitando posibles casos en los que personas mayores convivan en hogares destinados a menores, petición que según García Torijano "ha sido bien acogida por el Ministerio".
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