Agudo exige la dimisión de Sara Simón o acciones judiciales tras sus acusaciones contra el PSOE de Guadalajara

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido este lunes al presidente regional Emiliano García-Page que "dé la cara" ante las contradicciones de la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien acusó al PSOE de Guadalajara de irregularidades para luego rectificar tras el desmentido de los socialistas locales. "O lleva estos hechos a la Justicia o cesa a su consejera por falsedades", ha sentenciado Agudo en rueda de prensa en Toledo.

La dirigente popular ha denunciado la "grave irresponsabilidad" del Gobierno regional tras el "lío" generado por las declaraciones de Simón el viernes, "noticia a nivel nacional", y su posterior retractación. "Lo grave es que el PSOE de Guadalajara desmienta a una consejera y que ella se arrepienta después", ha subrayado, planteando dos escenarios: "¿De qué se arrepiente? ¿De acusar sin denunciar ocho años o de lanzar falsedades?".

Agudo ha cuestionado por qué no se actuó judicialmente si existían irregularidades: "Acusar y no denunciar es irresponsable. Si lo sabían, ¿por qué no fueron a Fiscalía antes?". Además, ha expresado su "preocupación" por una posible presión interna para forzar la rectificación: "Al PSOE le molesta que las mujeres denuncien. ¿Alguien ordenó a Simón callar?", ha preguntado, en referencia a casos recientes de supuesto silenciamiento en el partido.

La portavoz parlamentaria ha aseverado que Simón "no debería seguir ni un minuto" como consejera: "O mintió y debe ser cesada, o dijo la verdad y Page debe denunciarlo". En un ultimátum al presidente regional, ha concluido: "Si hubo irregularidades, que las lleve a los juzgados. Si no, que destituya a la consejera. Lo inaceptable es mirar hacia otro lado".

El episodio "demuestra la descomposición del PSOE de Page", según Agudo, quien ha reclamado "explicaciones urgentes" para unos hechos que "los castellanomanchegos no pueden tolerar". "El PSOE sigue tapando en vez de limpiar", ha zanjado, vinculando el caso a una "crisis de credibilidad" gubernamental.