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Comunicado de la Plataforma de Bomberos de Emergencias de Ciudad Real

Ante las declaraciones del presidente del consorcio del SCIS, Julián Nieva, en el artículo publicado en La Tribuna de Ciudad Real el sábado 22 de abril («900 aspirantes a bomberos optarán a las 37 plazas que convoca el SCIS»), nos vemos en la obligación de ofrecer nuestro punto de vista a los novecientos opositores de la actual Oferta de Empleo Público del SCIS, afectados directos, junto con los bomberos integrantes de nuestra Plataforma, de la gestión que Julián Nieva está llevando a cabo a este respecto; y, también, a los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real, que necesitan un servicio contra incendios dotado de medios y recursos, transparente y eficaz.

En primer lugar, debe conocerse el «conflicto sindical» del SCIS, llamado así en la portada de La Tribuna en su edición del sábado. Actualmente hay 150 trabajadores indefinidos en el consorcio, de los que 113 pasaron a ser considerados de manera irregular trabajadores fijos en 2007 por la asamblea general del SCIS, sin ninguna consolidación de empleo reglada por Ley. Un año más tarde, cuando los 37 bomberos que quedamos fuera de esa decisión podemos acceder a una consolidación de empleo regulada y votada por el SCIS, el sindicato CCOO recurre esa Oferta de Empleo Público en dos ocasiones, evidenciando así un conflicto laboral entre una mayoría de trabajadores vinculados a Comisiones Obreras y nosotros. Finalmente, los tribunales estiman el recurso de CCOO por un defecto de forma y exigen la convocatoria de la Oferta de Empleo Público.

Esa OEP es la que se aprueba en 2015 y que actualmente está en marcha. Es esa misma sentencia judicial la que esgrime Julián Nieva, para seguir adelante el proceso de oposiciones. Sin embargo, desde la aprobación de sus bases hasta su convocatoria, la OEP a la que 900 personas están dedicando su esfuerzo es ilegal:

  • No informa Julián Nieva con tanta profusión del informe de la Abogacía del Estado en el que se indica que sí, que le obliga una sentencia judicial a convocar una Oferta de Empleo Público, pero que la convocatoria debe ajustarse a la Ley; y que el Estado podría impugnar la OEP al haber sido convocada sin la previa acreditación del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
  • No informa Julián Nieva de que la OEP está incumpliendo el Convenio Colectivo al no tener en cuenta los más de veinte años de servicio público de los 37 bomberos que actualmente cubren las plazas convocadas.
  • No informa Julián Nieva de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Delegación de Gobierno, hace poco más de un mes, le ha requerido anular la OEP por infringir la Ley de Presupuestos Generales del Estado en lo que respecta a la tasa de reposición.
  • Julián Nieva tampoco informa del juicio que mañana, día 25, se celebra acerca de las irregularidades ocurridas en el desarrollo de la OEP.

Si bien Julián Nieva no cree que lo expuesto en el párrafo anterior son motivos suficientes para, cuanto menos, paralizar la OEP y no poner en riesgo a 37 trabajadores y 900 aspirantes hasta que se aclare la situación judicial y legal de la convocatoria, al menos podía haber aprovechado la oportunidad que le daba La Tribuna de Ciudad Real para informar a los ciudadanos de las circunstancias reales del proceso.

En lo que respecta al ámbito interno del SCIS, estaremos agradecidos si el presidente del SCIS nos indica a qué técnicos del consorcio se refiere en el artículo [«Según informaron técnicos del consorcio, todavía

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