Acceder a una pensión por incapacidad permanente no es un proceso sencillo en ningún lugar del país. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, numerosos trabajadores denuncian que la dificultad es aún mayor. Los retrasos en las valoraciones, la falta de medios humanos en los centros del INSS y la alta tasa de resoluciones desfavorables son solo algunas de las trabas con las que se enfrentan cientos de personas que, por motivos de salud, ya no pueden continuar desempeñando su actividad profesional.
La situación es especialmente preocupante en provincias como Cuenca, Albacete o Ciudad Real, donde la dispersión geográfica y la falta de personal especializado en las unidades de evaluación agravan el problema. Ante este panorama, muchos afectados buscan asesoramiento profesional desde el primer momento para no perder tiempo ni derechos, acudiendo a abogados de pensiones y Seguridad Social como lo son en Toro, les ayudarán para que se orienten desde la fase inicial del procedimiento administrativo.
Trámites largos, resoluciones escasas
Uno de los principales obstáculos que encuentran los ciudadanos que inician un proceso de solicitud de pensión por incapacidad en Castilla-La Mancha es el tiempo. Las citas médicas con los equipos de valoración del INSS se demoran durante meses, especialmente en las zonas rurales, donde hay menos presencia de centros médicos y personal evaluador.
A esto se suma la elevada proporción de solicitudes denegadas, incluso cuando existen informes médicos sólidos que acreditan limitaciones funcionales severas. El problema no radica únicamente en el número de denegaciones, sino en la falta de justificación clara en algunas resoluciones, lo que deja a la persona afectada en una situación de incertidumbre jurídica y económica.
En muchos casos, el proceso se alarga innecesariamente por la falta de coordinación entre los equipos médicos de atención primaria y los órganos evaluadores del INSS, generando situaciones contradictorias que perjudican al solicitante. Esta falta de criterios unificados acaba trasladándose a los tribunales, donde los jueces, en no pocas ocasiones, terminan reconociendo derechos que la administración ha negado.
Valoraciones contradictorias y falta de orientación
Otro de los puntos críticos que denuncian tanto los solicitantes como los profesionales del Derecho es la incoherencia entre las valoraciones médicas. Es frecuente que un mismo paciente reciba informes distintos por parte del médico de cabecera, el especialista y el equipo del INSS, generando una gran inseguridad sobre cuál será el criterio final.
La falta de orientación también juega un papel determinante. Muchas personas desconocen que, si bien el procedimiento comienza en el ámbito administrativo, la posibilidad de éxito se incrementa cuando se cuenta desde el inicio con una estrategia jurídica adecuada. La mayoría de solicitantes llegan al momento de la denegación sin haber documentado bien sus limitaciones, sin pruebas complementarias o sin haber acreditado cómo afectan las dolencias al desempeño concreto de su actividad habitual.
Además, en Castilla-La Mancha no existe una estructura clara de acompañamiento institucional para este tipo de procedimientos. Salvo en algunos casos puntuales gestionados por asociaciones o sindicatos, la persona solicitante queda sola frente a un entramado normativo y técnico complejo, que requiere conocimientos legales y sanitarios especializados.
Las consecuencias para la persona afectada
Mientras tanto, el impacto personal es profundo. La mayoría de personas que solicitan una pensión por incapacidad ya están fuera del mercado laboral, o lo están de forma intermitente con bajas médicas prolongadas. Esto significa que, si no obtienen la pensión, quedan sin ingresos estables, sin seguridad jurídica y, en muchos casos, sin posibilidad de reincorporarse a ningún trabajo.
Se trata de una situación especialmente delicada para personas mayores de 50 años, que constituyen una proporción importante de los solicitantes y que, tras años de cotización, ven frustradas sus expectativas de protección social. La carga emocional, el deterioro de la salud mental y la tensión económica se suman a la ya complicada situación de salud física que motiva la solicitud.
Un sistema que necesita revisión
La normativa de la Seguridad Social establece criterios objetivos para la valoración de incapacidades, pero la aplicación práctica de estos criterios presenta desigualdades claras entre territorios. En Castilla-La Mancha, la combinación de demoras, falta de personal y ausencia de orientación jurídica provoca una sensación generalizada de desprotección entre quienes, por razones de salud, han dejado de poder trabajar.
Cada caso debería ser valorado con rigor, empatía y transparencia. Sin embargo, la experiencia de muchas personas demuestra que es imprescindible reclamar, aportar pruebas médicas sólidas, documentar el historial laboral y, cuando corresponde, acudir a la vía judicial. La justicia, en última instancia, se ha convertido para muchos en la única vía real para acceder a una pensión que el sistema, en su fase administrativa, les ha denegado.
En ese contexto, contar con un equipo legal especializado puede marcar la diferencia entre una resolución desfavorable y el reconocimiento efectivo de un derecho. Y aunque Castilla-La Mancha tiene aún mucho camino por recorrer en materia de protección frente a la incapacidad laboral, es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos.
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