El pasado 20 de diciembre de 2015 hubo elecciones generales en nuestro país. Todos los partidos políticos de ámbito nacional activaron su maquinaria electoral para conseguir el mayor número de votos posibles. Como nota característica de estos comicios se debe apuntar que iban a ser los que acabaran con el “bipartidismo” reinante. Y parece que así fue si observamos los resultados obtenidos en número de escaños.
Pero, pese a todo ello, no se ha conformado Gobierno. El poder ejecutivo ha estado en situación provisional más tiempo del que nuestra joven democracia está acostumbrada. Si buscamos una razón que explique esta inestabilidad política ha sido la falta de consenso parlamentario para elegir un Gobierno. Para comprender esto es mejor ir al principio del principio, al génesis de la cuestión.
No son pocos los ciudadanos que cuando depositan el voto en la urna piensan que con él están eligiendo de forma directa al Presidente del Gobierno. Pero no es así. Ese voto irá hacia un grupo político que aspira a formar parte del Congreso de los Diputados. Si dicha agrupación logra un número no inferior a quince de diputados o al menos cinco si han conseguido un 15% de votos en alguna circunscripción o 5% en todo el ámbito nacional, tendrán la posibilidad de formar grupo parlamentario tal y como establece el art. 23.1 del Reglamento del Congreso. Una vez consiguen grupo parlamentario, es el momento de considerarse con ciertas opciones de negociar un proceso de envestidura.
En primer lugar, y siguiendo lo establecido en el art. 99 de la Constitución, el Rey se reunirá con todos los representantes de los diferentes partidos políticos presentes en el nuevo Congreso de los Diputados. Escuchará a todos los candidatos en reunión privada. Acto seguido notificará al Presidente del Congreso quién debería ser el candidato para la Presidencia del Gobierno. Aunque no existe ninguna norma al respecto, lo habitual es que el monarca seleccione al candidato propuesto por el partido político que haya logrado un mayor número de escaños en las cámaras parlamentarias.
Atendiendo a nuestra situación política, tras los comicios de diciembre entraron en escena Podemos y Ciudadanos como partidos políticos novedosos que fracturaban el bipartidismo reinante desde los comienzos democráticos. Felipe VI propuso en primer lugar a Mariano Rajoy, pues el Partido Popular había sido el partido más votado. Pero tras una votación fallida en sede parlamentaria, volvió a reunirse con todos los partidos mayoritarios y propuso a Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. También fue un fracaso la votación. Los diferentes grupos parlamentarios no lograron alcanzar un consenso nacional. Se agotaron así todos los plazos legales para la elección de Presidente del Gobierno, concretamente los dos meses que marca el art. 172.2 de la Constitución. Por todo ello el Presidente del Congreso sometió a firma del Rey el Decreto que disolvía las Cortes de nuevo y convocaba nuevas elecciones generales.
Resulta extraño para muchos que tras todo este trance político no se lograse un candidato firme y definitivo. La propia Constitución es relativamente flexible en lo que a votos se refiere para lograr un Presidente del Gobierno. No debemos olvidar que la prioridad para el ponente constitucional en el momento de redactar nuestra norma suprema fue la estabilidad política. Para alcanzar ese estatus de seguridad ejecutiva es imprescindible tener un Gobierno estable y con la mayor presteza posible. En nuestro caso han sido varios meses de interinidad, con todo lo que ello supone para la economía nacional. A tenor del art. 171.5 de la Constitución, el candidato a la presidencia del Gobierno necesita en una primera votación de la mayoría absoluta (176 votos, la mitad + 1 de todos los que deberían estar). Pero si no se consigue esa cifra, en 48 horas se celebrará una segunda y solamente será necesaria mayoría simple (la mitad + 1 de los presentes en el momento de la votación). Pues ni aún así se logró alcanzar Gobierno. Nuestros señores parlamentarios no fueron capaces de lograr un consenso político, asumir la responsabilidad que tienen para con nuestro Estado y elegir un renovado Poder Ejecutivo.
Cuando en televisión aparecen los grandes líderes de los diferentes partidos políticos no resulta muy alentador escucharles. Es difícil encontrar en su discurso alguna palabra de acercamiento de ideas y no les quedará más remedio para conformar un Gobierno. Tal y como hemos advertido en líneas anteriores, la situación política nacional ha cambiado sustancialmente. El bipartidismo ha muerto. Algunos juristas de renombre siempre destacaron que la principal ventaja de ese fenómeno era su estabilidad política, algo bastante obvio. Se establecía una especie de “turnismo” decimonónico con alternancia de PSOE y PP cada 4 u 8 años. Ningún partido nuevo conseguía el suficiente peso parlamentario en forma de escaños para arrebatar parcelas de poder a esos dos históricos. Pero eso terminó. Actualmente no es posible lograr mayorías en sede parlamentaria sin que medie un acuerdo entre fuerzas políticas de ideología contraria. Quizá España no esté aún acostumbrada a este escenario político con tal variedad de partidos.
En definitiva, tenemos que votar fundamentalmente por dos causas. La primera de ellas sería el surgimiento de dos nuevos partidos políticos con los suficientes escaños parlamentarios para desmontar el viejo sistema de turnos de “oposición-gobierno”. Ciudadanos y Podemos han hecho una entrada triunfal en las cámaras legislativas. De este modo la diversidad y pluralidad política son la nota de color en las Cortes. Habrá quién vea inestabilidad, ingobernabilidad o incluso radicalismo político. Pero en realidad es síntoma de regeneración democrática. Cuantas más ideas haya para contrastar y discutir a la hora de elaborar normas, éstas tendrán un mayor alcance social y se cumplirá así la función de la Ley de servir a cuantos más ciudadanos mejor. Respecto a la segunda causa es principalmente la falta de consenso. Como ya apuntábamos antes, en ninguna de las votaciones parlamentarias se lograron las mayorías que establece el art. 171.5 CE.
Esperemos que tras las elecciones de este mes los elegidos tengan la suficiente amplitud de miras y sentido de la responsabilidad institucional para cristalizar acuerdos lo suficientemente estables que garanticen la estabilidad política que tanto necesita nuestra querida España.
“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.” Theodore Roosevelt (1858-1919) Político estadounidense.
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