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José Manuel González de la Aleja Sánchez-Camacho | Abogado | "Quod verum est"
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Memoria Histórica -Rebobinamos-

Hace unos días era noticia nacional la futura retirada de 47 nombres de vías de la ciudad de Madrid, por suponer el nombre de las placas de las mismas una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y la represión de la Dictadura que le continuó, tal y como dispone el artículo 15 de la controvertida y comúnmente conocida Ley de Memoria Histórica.

No nos resulta ajeno que en el tratamiento de este tema, entren a colación eventos personales de marcado dolor y transcendencia, por lo que, hablaremos con la mayor objetividad posible a fin de aclarar y así poder otorgar una herramienta de opinión válida al lector sobre esta materia de pasado y presente de cierta conflictividad.

Así pues, la pregunta principal que nos llega a nuestra mente cuando se habla de esta norma y de las consecuencias que provoca en nuestra realidad, es la siguiente: ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria histórica?

Bien es sabido que la Guerra Civil y la Dictadura  han sido unos acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX español. Aún en nuestros días no nos han dejado indiferentes, un conflicto de esta magnitud, entre hermanos, es difícil de cicatrizar, sólo el tiempo y la templanza, quizá provocada por el amargo recuerdo, han hecho posible la fraternidad con la que hoy en día convivimos.

La propia Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), dispone en sus motivos el espíritu de conciliación y concordia, que evoca el reencuentro de los españoles con absoluta vocación integradora. Se deslegitima por completo el uso de la violencia para imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la dignidad y a la libertad. Estos principios son los que rigen esta norma.

En consecuencia, resulta obligación de nuestras generaciones futuras, una vez alcanzada la democracia y estabilidad necesaria que disfrutamos, honrar y recuperar a aquellos que padecieron las injusticias y agravios del conflicto por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, sin olvidar la desazón de aquellas personas que se vieron obligadas a la falta de identidad que provoca el exilio.

En base a estos principios y con estas finalidades, la obligada principal para la recuperación de la memoria histórica y dignificar de alguna forma a las víctimas y familiares de este período histórico es la Administración Pública, siempre con ánimo rehabilitador y reparador.

La norma incluye la derogación (eliminación de normas del Estado) de aquella normativa promulgada bajo la Dictadura que claramente manifieste ir en contra de los derechos fundamentales, con la correspondiente connotación con los Derechos Humanos. Al respecto, debemos hacer un apunte muy breve, debido a que la Constitución Española de 1978 vigente en nuestros días, en su disposición derogatoria, concretamente en el apartado tercero, dispone literalmente: “Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”. Por tanto, si entendemos que la normativa franquista a la que hace mención la Ley de Memoria Histórica se opone a los derechos fundamentales; esta previsión derogatoria de la Ley no es necesaria en ningún momento ya que a la entrada en vigor de la Constitución se derogaron. Dejando en otros menesteres la realidad práctica de la norma.

Por otro lado, se establecen una serie de reconocimientos tanto a nivel pecuniario al recibir una indemnización las personas que perdieron la vida en defensa de la democracia. Como honorífico, si así entendemos otorgar la posibilidad a los brigadistas internacionales como a los descendientes de aquellos españoles que perdieron su nacionalidad en el exilio, de poder obtener la nacionalidad española. Así como, la posibilidad que tienen los interesados de solicitar a la Administración Pública, la localización e identificación de los desaparecidos como muestra de respeto.

Por último, la facultad de eliminar los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, a fin de evitar la exaltación de estos acontecimientos, con la finalidad de que los símbolos públicos sean manifiesto de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.

Estos dos últimos apartados tratados por la norma han sido los más controvertidos a nivel social, ya que la exhumación de los cuerpos de las víctimas de la guerra, independientemente del bando, ideología o creencia religiosa, así como la eliminación de los símbolos de esta etapa histórica no es óbice para reabrir heridas que estaban al menos aletargadas.

Centrándonos en el informe aprobado por el Comisionado de Memoria Histórica para la nueva denominación de 47 vías de Madrid; con fundamento en el artículo 15 de la citada norma, se pretende eliminar los nombres anteriores al entenderse conmemorativos de la sublevación militar, la Guerra Civil y la Dictadura. Los nuevos nombres de las vías, buscan enfatizar en personajes reconocidos por su trayectoria e implicación social en campos como la ciencia, la literatura, la enseñanza, así como de marcada vida política democrática.

Por tanto, cuando hablamos de memoria histórica según podemos sustraer de la propia ley, estamos refiriéndonos a poner los medios oportunos para no olvidar una etapa histórica que marcó de forma más que notable nuestras vidas, ya bien de forma directa o indirecta y así, a la vez, dignificar su memoria para evitar mediante su recuerdo la repetición de esos acontecimientos trágicos que llevan aparejados los conflictos armados. Muestra de la más absoluta brutalidad y desidia, que no traen nada más que el empobrecimiento y una auténtica crisis personal y humana.

“El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, la guerra establecerá un final para la humanidad”. Jhon Fitzgerald Kennedy (1917-1963) político estadounidense.

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