ASAJA sospecha que tras la ley de prevención de consumo de alcohol por menores hay una intención de subir impuestos

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha mostrado su total rechazo a una posible subida de impuestos en el vino y ha manifestado su sospecha de que detrás de la polémica generada con la intención de proteger a los menores ante el consumo de alcohol haya una estrategia política para recaudar dinero para las arcas del Estado.
Por este motivo, la Organización Agraria exige una vez más que los Ministerios implicados (Hacienda y Sanidad) no tomen medidas contrarias a la propia política agraria que defiende el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como bien se desprende de sus propias palabras cuando habla de una industria “con un papel económico importante dentro del PIB español”.

Al respecto, el secretario general de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha explicado que “no estamos dispuestos a permitir que la agricultura sea otra vez moneda de cambio y lamenta que, por la presión que ejerce la Unión Europea con sus políticas económicas sobre los Estados Miembro, Cristóbal Montoro y Ana Mato pongan en el punto de mira un sector que hoy está atravesando una profunda crisis a pesar de ser un estabilizador de la economía y la sociedad, generando empleo y fijando población en las zonas rurales”.

Además, en contra de los frágiles argumentos que ha manifestado la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitarias (Sespas) para solicitar una reforma fiscal en las bebidas alcohólicas, incluido el vino y la cerveza, para frenar el consumo excesivo, ASAJA de Castilla-La Mancha recuerda que el vino no es ni mucho menos una bebida peligrosa, máxime cuando está declarado como un alimento en la Ley española de la Viña y el Vino, además de sufrir una fuerte caída en el consumo del mismo, hasta el punto de reducirse a una tercera parte en los últimos treinta años.

ASAJA CLM recuerda que este producto ya soporta el tipo máximo del IVA implantado en España, del 21%, y que cualquier mínima subida repercutiría en el precio final que pagaría el consumidor, obstaculizando la recuperación del consumo que tanto necesita un producto que, de forma moderada, puede aportar beneficios a la salud tal y como está avalado por prestigiosas instituciones españolas tales como la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital Gregorio Marañón, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y otras muchas entidades internacionales.

Por todo ello, la Organización Agraria advierte que no va a permitir que se vuelva a atentar contra un sector tan importante para la economía y la sociedad castellano-manchega y pide a la Administración nacional que sea absolutamente clara y transparente con los viticultores y manifieste las verdaderas intenciones de salvaguardar, o no, este sector.