El despacho profesional de abogados LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES, critica el cierre de nueve canales de TDT previsto para el próximo 6 de mayo, que se llevará a cabo para cumplir la Sentencia del Tribunal Supremo. Los diferentes grupos de comunicación se preparan ante el cierre inmediato. El Tribunal Supremo ha ordenado el cese de emisiones de nueve canales de TDT (tres de Atresmedia, dos de Mediaset, dos de Veo TV y dos de Net TV), así lo especifica en el auto de ejecución en el que estima el recurso presentado por Infraestructuras y Gestión 2002 contra la decisión del Consejo de Ministros que permitió seguir emitiendo estos canales hasta que culminase el proceso de liberación digital. Según cita el Tribunal: "Deben cesar los canales no comprendidos en los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de mayo y 11 de junio de 2010 de transformación de concesiones en licencias en aplicación de lo dispuesto por la Ley General de la Comunicación Audiovisual", por entender que ha supuesto la adjudicación sin previo concurso de nueve canales adicionales.
El Ministerio de Industria insiste en que la resolución de la Justicia no es "cuestionable" aunque fuentes internas, confían que la demanda interpuesta por Infraestructuras y Gestión 2002 no prospere en su totalidad y obligue a cerrar hasta ocho canales más (que se sumarían a los nueve ya sentenciados).
Desde LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES advertimos que el cierre de canales llevará costes al consumidor. Si la llegada de la TDT obligó a realizar gastos en resintonización de antenas y en compra de descodificadores, ahora tampoco saldrá gratis la nueva remodelación a la que obliga el Gobierno. En este caso ha sido el propio Ministerio de Industria que considera que reantenizar los 8 millones de hogares afectados supondrá un desembolso de 200 millones de euros. Y es que la nueva adjudicación de canales obligará a adaptar de nuevo la antena comunitaria lo que disparará el coste para los vecinos. Por otro lado, hay que señalar que, si el anterior Gobierno cifró en 800 millones el coste de la mudanza de espectro, una factura que iba a sufragar íntegramente el Estado, cosa que finalmente no pudo ser por el coste en decodificadores, el actual Gobierno ha considerado que el que tiene que pagar todo esto es el ciudadano, como consecuencia de la crisis económica que nos afecta.
Es por ello que, para estas medidas lo único que hacen es reducir la oferta de canales, perder calidad, y obligar al ciudadano optar por las plataformas digitales de pago, generando una televisión para ricos y otra para pobres. Al final la TDT se convierte en el gran engaño político al que han sometido a la sociedad, pues nunca la calidad audiovisual alcanzó cotas tan bajas ni supuso desembolsos económicos tan importantes.
Añadir nuevo comentario