Batalla política en Cuenca por el servicio de bomberos en la Alcarria oriental y la Serranía

El vicepresidente del Consorcio Cuenca112, Carlos Algaba ha anunciado esta mañana que desde el Consorcio se están “desarrollando las distintas alternativas para prestar el servicio de bomberos en la Serranía y la Alcarria Oriental” aunque se ha mostrado prudente a la hora de aventurar esas alternativas ya que la decisión se tomará siguiendo criterios técnicos y pensando en prestar el mejor servicio posible a los Ayuntamientos y a los ciudadanos.
Algaba ha mostrado su creencia de que esta “no es la mejor solución porque supone duplicar unos recursos ya existentes en unos momentos ciertamente difíciles para las administraciones públicas” pero ha subrayado que es el camino que queda cuando hay “muestras claras de que Juan Ávila no ha querido alcanzar un acuerdo con el Consorcio Cuenca112”.

En este punto Algaba no ha dudado en considerar las declaraciones efectuadas ayer por el alcalde de Cuenca como “de patio de colegio” al hacer referencia a una carta del Ministerio de Hacienda en la que aclara el régimen competencial de la prestación del servicio de emergencias, “porque en ningún momento se ha plantado una discusión competencial” sino que lo que se ha pedido es que “realicen actuaciones de urgencia y emergencia cuando es necesario”.

Algaba ha recordado que la esencia de un servicio de urgencias y emergencias es la solidaridad por lo que ha lamentado que Ávila no haya entendido este principio. Es más, Algaba ha recordado que la capital sí se beneficia de la solidaridad de la provincia y gracias “a los impuestos de los ciudadanos de otros municipios como son Priego, Beteta o Chillarón” el Ayuntamiento de la capital puede acometer inversiones como las obras de las 500 que se acometen gracias a los Planes Provinciales de la Diputación. Un hecho tan insólito como el que si haya sido posible la colaboración con servicios de emergencia como es el SEPEI de Albacete, el de Sinarcas en Valencia o con parques de Madrid, Toledo y Guadalajara, y no lo haya sido con el Ayuntamiento de Cuenca.

El vicepresidente del Consorcio también ha dejado claro que el coste del servicio no puede ser la excusa para no alcanzar el acuerdo ya que el Cuenca 112 “no se ha negado nunca a hacer efectivo los costes que suponga una intervención” y ha apuntado que, “con independencia de que exista acuerdo” el Ayuntamiento siempre tiene la posibilidad de “prestar esa intervención y a posteriori girar al Consorcio 112 el coste que le ha supuesto según la tasa que tiene regulada en la ordenanza municipal; que eso es una tasa: el coste real de un servicio”. Una posibilidad ha señalado Algaba a la que “siempre se ha negado” el Ayuntamiento de Cuenca.

Haciendo historia sobre esta cuestión, Algaba ha recordado que con el convenio vigente para los años 2007-2010 y con Francisco Javier Pulido como alcalde, los Bomberos de Cuenca prestaban este servicio sin problemas “a pesar de que Juan Ávila como presidente de la Diputación no pagó ni un euro de lo que fijaba el convenio para esos años”. Algaba ha enseñado los comprobantes de las trasferencias que realizó Ávila el 11 de julio de 2011, cuando ya es alcalde de Cuenca y sigue siendo presidente de la Diputación en Funciones, por valor de 176.146,52 euros para saldar la deuda contraída según el convenio en los cuatro años precedentes. Es más, Algaba también ha señalado que desde el momento en que expiró este convenio, el 31 de diciembre de 2010, y hasta julio de 2011, -cuando Juan Ávila asume la alcaldía- se sigue prestando el servicio “a pesar de que no hay convenio”.
Respuesta del Ayuntamiento
La portavoz del Equipo de Gobierno, Consuelo García, ha respondido esta misma mañana que “el Ayuntamiento de Cuenca está dispuesto a ayudar a la Diputación a prestar el servicio de extinción de incendios, a pesar de que es su obligación” pero ha insistido en que “las Leyes aprobadas por Mariano Rajoy impiden colaborar por menos de lo que cuesta la prestación del servicio”.
La edil socialista ha recordado que “la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha dado la razón al Consistorio al afirmar que la obligación de atender a todos los pueblos de la provincia es exclusivamente de la Diputación Provincial de Cuenca y que es esta institución la que tiene que buscar las fórmulas para hacerlo de la forma más eficaz posible”.

García ha explicado que una de esas fórmulas puede ser conveniar con el Ayuntamiento de Cuenca, “que está dispuesto a colaborar”, pero ha señalado que “para que podamos hacerlo la Diputación tiene que pagarle al Ayuntamiento lo que cuesta el servicio que le presta (alrededor de 200.000 euros según los técnicos municipales) porque así lo dicen las leyes aprobadas por el PP”.

García ha insistido en que “las condiciones de ese convenio no las fija el alcalde, sino la Ley” y se ha referido al informe de 2 de abril de 2014 de la Secretaria General del Ayuntamiento. Dicho informe recoge que, según las leyes aprobadas por el Gobierno de España, “la aportación económica que el Consorcio tiene que hacer al Ayuntamiento de Cuenca tendría que ser el equivalente al coste real del servicio municipal que se va a prestar al Consorcio”. Concretamente, cita el artículo 7.4 de la Ley de Régimen Local que sólo permite a los municipios ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación “cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

  “Ese convenio se venía firmando por 60.000 euros y el ex alcalde Pulido llegó a pedir 600.000 euros, razón por la que no se renovó en diciembre de 2010. Sin embargo, ya no caben las decisiones políticas. La Ley dice por cuánto dinero se tiene que firmar, que es por el dinero que cuesta”, ha aseverado García, quien considera que “el problema no es económico, sino de voluntad política, pues el Consorcio 112 se ha gastado este año 600.000 euros en material para los parques de Motilla del Palancar y Tarancón y además cobra tres euros por habitante a esos pueblos por la prestación del servicio”.

García ha advertido que el Consorcio 112 “tiene un problema muy grave pues tiene la obligación de prestar el servicio de extinción de incendios y en una parte de la provincia no puede asegurar un tiempo de respuesta adecuado”, por lo que ha urgido a Algaba a “buscar soluciones en lugar de atizar la polémica”.
Así, ha acusado a Algaba de “estar demorando la solución a un problema muy grave con tal de no perder la oportunidad de atacar políticamente a Juan Ávila”.