CSI-F logra que 198 profesores de religión de la provincia cobren la extra de navidad 2012

La medida beneficia a 900 profesores de toda la región

CSI-F
Lunes, 24/03/2014 | Ciudad Real | Portada, Sociedad

Los cerca de 900 Profesores de Religión de colegios e institutos de Castilla-La Mancha, de ellos  198 de la provincia de Ciudad Real, van a recuperar, gracias a la acción judicial de CSI•F, la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012, correspondiente a los 44 días transcurridos entre el 1 de junio y el 14 de julio, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la paga extra de ese año.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado positivamente la demanda de conflicto colectivo interpuesto por la Unión Autonómica de CSI•F contra la consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al reconocer el derecho de los profesores de religión a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, correspondiente al período del 1 de junio al 14 de julio de 2012.
De esta manera, los Profesores de Religión ven reconocido judicialmente el derecho a la percepción de dicha cuantía a todos los profesores de religión, en cuanto la sentencia dictada por el TSJCLM obliga nuevamente a la JCCM a devolver la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012, suprimida por la Ley 20/2012 de 14 de julio.
Extensiva a los empleados de la Junta
CSIF, el sindicato más representativo de los empleados públicos, viene solicitando reiteradamente a la JCCM que acate de una vez por todas las  sentencias que le son desfavorables por la aplicación de la Ley en que se suprime la paga extra de diciembre de 2012, y que la haga extensiva a todos los empleados públicos de la JCCM, incluidos funcionarios y estatutarios, tal y como ya lo han aprobado los gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Canarias.
CSIF solicita  que la JCCM deje de invertir el dinero público en recurrir todas estas sentencias judiciales de manera sistemática y con fines dilatorios, y lo destine a devolver a los empleados públicos lo que les corresponde por ley y por mandato judicial, como ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas.
 

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