Esta es una historia con tres actores principales: unos vecinos de Peralbillo, el Ayuntamiento de Miguelturra y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El motivo de su disputa es, desde hace casi cinco años, la depuradora de aguas residuales de la pedanía, que actualmente no es más que una zanja abandonada que se inunda cuando el pantano del Vicario aumenta su nivel.
El argumento de la historia comienza en el año 2009, cuando el Consistorio miguelturreño decide emplear parte de los fondos del Plan E en construir esta instalación. Y no es la obra en sí, sino su ubicación, lo que genera los problemas. La depuradora se sitúa entre dos casas, una de ellas una casa rural en ejercicio. Los vecinos se indignaron.
“Es una obra que no contaba con los permisos ni de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), ni de Sanidad ni de Medio Ambiente”, explica José Luis Neira, propietario de la casa rural, uno de los afectados por la ubicación de la depuradora. •El proyecto cuenta además con una salida de gases que aunque digan que no, generará olores”, explica. Neira acudió a los tribunales, donde lleva ya invertidos 18.000 euros; la vía penal contra el Ayuntamiento fue desestimada, no así la civil, en cuya sentencia el juez arguyó no solo que la instalación no contaba con los permisos, sino que la tildó además como “despilfarro”. Las obra se paralizó y desde entonces Miguelturra intenta conseguir el visto bueno de la Confederación.
Neira, que se ha convertido en un experto en el tema explica que con la crecida del pantano la parte de la instalación construida se sumergió bajo el agua. “El proyecto indica que la instalación debe estar soterrada, no sumergida como va a pasar en realidad”. Su alternativa es muy clara: “A 100 metros hay un terreno público en el que se podría instalar la depuradora”.
“La ubicación la eligen los técnicos, según las necesidades del proyecto”, contesta en la historia Román Rivero, alcalde de Miguelturra, “y estos vecinos han encontrado un aliado inesperado en la Confederación”.
Rivero explica que en 2009 no tenían los permisos, simplemente porque pensaban que no eran necesarios: “Justo en ese punto había antes una depuradora, pensamos que para sustituirla no eran necesarios”. Lo que para el alcalde era una depuradora en uso, para Neira era una antigua fosa séptica sellada.
“Nosotros actuamos con un interés general: resolver el problema de los vertidos en Peralbillo, los vecinos tienen un interés particular, pero no se explica por qué la CHG quiere ralentizar todo lo que puede este proyecto”.
Rivero insiste en que desde 2009 todo son trabas. “Nos hemos reunido con ellos y nos dijeron primero que había que mover tres metros hacia atrás la instalación, y lo hicimos. Desde entonces todo han sido pegas absurdas”.
Por su parte, el tercer actor implicado, la Confederación, prefiere no entrar en estas acusaciones y responde desde la máxima de la prudencia. Fuentes del organismo solo apuntan a que no pueden actuar sin tenerlo todo bien atado, con todos los procedimientos resueltos, pero señalan que no se tardará mucho, unos dos meses, en zanjar este asunto.
En esta historia, que dura ya casi cinco años aún no se ve el final. Está en ese momento de la trama en el que todos los protagonistas están descontentos pero la acción está paralizada. Mientras el esqueleto de la depuradora se cubre de agua o se seca, abandonada, a ras de suelo, rodeada de mosquitos.
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