CSI•F denuncia que la ministra Báñez acelera la privatización de la gerencia informática de la Seguridad Social

“La optimización de recursos y el menor coste son excusas que pretenden justificar un negocio encubierto”

 

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Jueves, 23/10/2014 | Ciudad Real | Economía

El sindicato CSI·F denuncia que la ministra  de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,  acelera la privatización de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, dentro de una indignante y vergonzosa vorágine privatizadora de los sucesivos gobiernos con los servicios públicos, especialmente en las dependencias de su Departamento y concretamente en el  ámbito de la Seguridad Social, en donde se han privatizado por cifras millonarias servicios como las Vidas Laborales (4 millones de €), el Sartido para informatización de documentos (6 millones de €), la Tarjeta sanitaria, las campañas informativas de pensiones, etc.

 

CSI·F conoce que hace tiempo comenzó el troceo y reparto de las múltiples tareas realizadas por la Gerencia informática de la Seguridad Social, y parece que ahora ya han decidido hacer lo propio con el resto de servicios y funciones que le quedan operativas a dicha entidad, realizadas por funcionarios que efectuaban dichos cometidos de manera intachable y con una profesionalidad a toda prueba y, además, por un módico coste, dada la permanente pérdida de poder adquisitivo de este colectivo.

 

Para CSI·F, la optimización de recursos y el menor coste son vanas excusas que pretenden justificar un negocio encubierto, ya que según cifras publicadas por medios de comunicación, el coste anual sería de 60 millones de euros frente a la nómina de funcionarios y laborales, incluidos los incentivos al rendimiento, de 27 millones de euros. 

CSI·F aporta múltiples ejemplos del menor coste del servicio público en relación al privatizado, como el caso del FOGASA, en donde se multiplicó el coste y se han ampliado los retrasos existentes previamente en el número de expedientes, como ha pasado en Ciudad Real,  o la  externalización de tareas de mantenimiento de determinados vehículos y equipos en el Ejercito español, por no hablar de la privatización de  los servicios de vigilancia privada en los perímetros de los Centros Penitenciarios, como ha pasado en Herrera de La mancha o Alcázar.

 

¿Se protegen los datos?

 

Por otra parte, CSI·F recuerda que no hay que olvidar que en la privatización de determinados servicios siempre queda en entredicho el cumplimiento íntegro y exacto de la Ley de Protección de Datos, toda vez que se ponen en manos privadas informaciones y datos especialmente sensibles, y todo ello de una manera masiva.

Entre la tasa de reposición cero, la obligatoriedad de realizar cada vez más trámites por Internet y la externalización de servicios con que nos sorprende el BOE cada día, CSI·F teme que los empleados públicos empiecen a ser una especie en extinción y que ese sentimiento se deje notar en las próximas elecciones de 2015.

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