La aplicación combinada de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal y el Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios ha generado un profundo malestar entre los profesionales del sector. Veterinarios de toda España denuncian que la normativa, lejos de mejorar la atención a los animales, está provocando retrasos en tratamientos críticos, sobrecarga burocrática y sanciones económicas desproporcionadas.
Normativa que limita la atención y obstaculiza el ejercicio profesional
La Ley de Bienestar Animal establece que los propietarios de mascotas deben garantizar un calendario sanitario actualizado, revisiones periódicas y tratamientos preventivos obligatorios. Sin embargo, el problema surge con la estricta regulación sobre los medicamentos veterinarios que impone el Real Decreto 666/2023, que obliga a:
- Registrar cada prescripción de antibióticos en el sistema PRESVET, dificultando la inmediatez en la administración de tratamientos.
- Limitar la validez de las recetas veterinarias, lo que obliga a repetir trámites constantemente.
- Someter a un control exhaustivo la administración de medicamentos, ralentizando la toma de decisiones en situaciones urgentes.
- Exigir un historial sanitario documentado para cada prescripción, lo que genera una carga administrativa que resta tiempo a la atención de los pacientes.
Veterinarios denuncian que estas medidas, diseñadas para controlar el uso de antibióticos y evitar la resistencia antimicrobiana, se han convertido en un obstáculo para salvar vidas, ya que imponen una burocracia excesiva en lugar de confiar en el criterio profesional.
Multas elevadas y riesgo legal para los veterinarios
Además de los problemas operativos, los veterinarios han comenzado a recibir multas de gran cuantía por errores administrativos o incumplimientos derivados de la complejidad del sistema. En algunos casos, las sanciones han llegado hasta los 90.000 euros, penalizando a profesionales que intentaban priorizar la salud de los animales en lugar de dedicar más tiempo al papeleo.
Las infracciones leves pueden acarrear multas de entre 600 y 3.000 euros. Las infracciones graves se sancionan con multas que oscilan entre los 3.001 y los 90.000 euros. Para las infracciones consideradas muy graves, las sanciones pueden alcanzar desde los 90.001 hasta 1.200.000 euros.
Según denuncian desde Veterinarios Unidos, el problema no es la regulación en sí, sino su aplicación desproporcionada, que criminaliza la práctica veterinaria en lugar de reforzar la protección de los animales.
Un sistema que ralentiza la atención y pone en peligro a los pacientes
Desde la entrada en vigor de la regulación, los veterinarios han visto limitada su capacidad de actuación en casos urgentes. En situaciones donde el tiempo es clave, la exigencia de protocolos burocráticos retrasa la administración de antibióticos y otros medicamentos esenciales.
Según explican desde Veterinarios Unidos, asociación que ha impulsado una recogida de firmas para modificar la ley, los efectos de esta normativa ya se están viendo en clínicas y hospitales veterinarios de todo el país:
- Retrasos en tratamientos urgentes: En enfermedades infecciosas de rápida evolución, como septicemias o infecciones respiratorias graves, la demora en el acceso a antibióticos puede empeorar el cuadro clínico o incluso provocar la muerte del animal.
- Limitación del criterio profesional: Los veterinarios denuncian que no siempre pueden administrar el tratamiento más adecuado, sino que deben ceñirse a lo que permite la burocracia, lo que compromete la calidad de la atención.
- Costes inasumibles para los propietarios: La normativa exige pruebas previas para justificar la prescripción de antibióticos, lo que supone un gasto adicional que muchos dueños no pueden asumir, dejando a sus mascotas sin tratamiento.
- Carga administrativa desproporcionada: En lugar de centrarse en la atención médica, los veterinarios deben destinar horas a la gestión de documentación, restando tiempo a la atención directa de los pacientes.
El caso de Luna: una víctima de la burocracia
Uno de los ejemplos que ha indignado a los profesionales es el caso de Luna, una perra que llegó a la consulta con una grave infección urinaria. Su veterinario identificó rápidamente la necesidad de antibióticos, pero el proceso exigido por la normativa retrasó el tratamiento durante más de 24 horas. La infección se agravó y, a pesar de los esfuerzos del equipo veterinario, Luna no sobrevivió.
Este caso ha sido el detonante de una campaña para exigir una revisión inmediata de la normativa y evitar que más animales sufran las consecuencias de estos retrasos.
El caso de Lana en Ciudad Real: su salud pendiente de la burocracia legal
La nueva normativa ha empezado a afectar directamente a los propietarios de mascotas y a sus veterinarios, quienes se sienten impotentes ante la imposibilidad de actuar con rapidez.
Uno de los primeros casos en Castilla-La Mancha es el de Lana, una perra Setter de 20 kg de Ciudad Real, cuya salud se ha visto gravemente comprometida debido a los retrasos en la administración de antibióticos.
Su propietaria relata cómo todo comenzó con un simple orzuelo en el ojo, que fue tratado con un corticoide en pomada. Sin embargo, la infección se agravó en pocos días, extendiéndose a ambos ojos y generando una inflamación severa en los ganglios. La única respuesta que obtuvo durante el proceso fue "esperar los resultados del laboratorio", sin posibilidad de recibir un tratamiento más efectivo hasta contar con la confirmación bacteriológica.
“Mi perrita pasó de tener un orzuelo a estar al borde de la muerte en apenas 15 días. Si le hubieran dado los antibióticos adecuados desde el principio, hoy estaría corriendo y jugando como siempre”, lamenta su dueña.
Hasta el momento, el tratamiento ha supuesto un gasto superior a los 600 euros, cuando una actuación temprana habría evitado tanto el sufrimiento del animal como los elevados costes veterinarios.
A pesar de todo, la propietaria de Lana destaca el esfuerzo y la dedicación de los veterinarios que la atendieron: “Ellos se portaron increíblemente bien y se preocuparon siempre por mi perrita, pero se notaba su impotencia. La ley no les permite actuar como deberían”.
Lo que piden los veterinarios
Ante esta situación, los profesionales del sector reclaman un modelo más eficiente que:
- Confíe en el criterio de los veterinarios, permitiendo actuar con rapidez en emergencias sin trabas burocráticas.
- Simplifique la gestión administrativa, para que la prioridad sea la salud animal y no el papeleo.
- Garantice el bienestar de los animales, evitando que los retrasos en la prescripción de medicamentos pongan en peligro sus vidas.
Desde Veterinarios Unidos han iniciado una recogida de firmas para exigir al Gobierno y a las autoridades sanitarias una revisión urgente de la normativa. "Nos comprometemos con el uso responsable de los antibióticos, pero no podemos permitir que la burocracia nos impida salvar vidas", afirman desde la organización.
A medida que crece la preocupación entre veterinarios y propietarios de mascotas, surge una pregunta clave: ¿se ha contado realmente con la opinión de los expertos para diseñar esta normativa? Si bien el objetivo declarado de la ley es garantizar el bienestar animal, los profesionales del sector cuestionan si las medidas han sido elaboradas con un conocimiento profundo de la práctica veterinaria diaria. Las trabas burocráticas y las sanciones desproporcionadas parecen indicar lo contrario, generando dudas sobre si el impacto real de la normativa fue evaluado antes de su aplicación. Ahora, con el problema ya en marcha y con consecuencias tangibles, urge saber si las administraciones actuarán con rapidez para corregir los fallos o si se necesitarán más desgracias antes de que se adopten cambios necesarios.
Convocatoria de movilización para exigir cambios en la ley
Ante la creciente preocupación en el sector, el Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España (CGCPVE) ha emitido un comunicado en el que solicita la modificación urgente del Real Decreto 666/2023. Entre sus principales demandas, destacan:
- Moratoria de la obligación de notificación en PRESVET, ya que el sistema es rígido e ineficaz.
- Eliminación de restricciones injustificadas en la prescripción de tratamientos, permitiendo que las decisiones se basen en criterios veterinarios y no administrativos.
- Revisión del régimen sancionador, para que las multas sean proporcionadas y no castiguen injustamente a los profesionales.
- Habilitación de los veterinarios para la venta directa de medicamentos necesarios para sus pacientes, un sistema ya implantado en la mayoría de los países de la UE.
- Reducción del IVA en los servicios veterinarios, que actualmente se encuentra en un 21%, encareciendo los tratamientos y dificultando su acceso para muchas familias.
Como parte de las medidas de presión, la organización apoya la convocatoria de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) y la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) para una concentración frente al Ministerio de Agricultura el próximo miércoles 5 de marzo.
El Colegio de Veterinarios de Ciudad Real se ha sumado a la iniciativa y ha informado a sus miembros sobre la posibilidad de desplazarse a Madrid en un autobús organizado. Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico administracion@icovciudadreal.es.
“Nos comprometemos con el uso responsable de los antibióticos, pero la burocracia no puede costar vidas”
Desde Veterinarios Unidos, la asociación que ha impulsado una recogida de firmas para exigir una revisión inmediata de la normativa, advierten que las actuales restricciones están poniendo en peligro la vida de los animales y dificultando el trabajo de los veterinarios.
La gran pregunta que surge ahora es: ¿se han tenido en cuenta realmente las necesidades de los veterinarios antes de aplicar esta normativa? Aunque el objetivo declarado de la ley es garantizar el bienestar animal, la realidad que denuncian los profesionales es que se han impuesto barreras burocráticas que, lejos de proteger a los animales, los ponen en peligro.
La manifestación del 5 de marzo será un punto de inflexión en esta lucha por la revisión de la normativa, con la esperanza de que el Gobierno atienda las demandas del sector antes de que más casos como el de Lana vuelvan a repetirse.
Los veterinarios advierten: si no se toman medidas, seguirán aumentando los casos de animales que sufren o mueren debido a la rigidez del sistema. Para ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de lograr una revisión urgente de la normativa, con la esperanza de que, gracias al respaldo ciudadano, se impulse una pronta respuesta que favorezca a la causa y garantice la adecuación de las normativas a las necesidades actuales.
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