Valverde: “Es una obligación de toda la sociedad protestar y reivindicar que no se puede hacer una ley de educación con prisas, sin consenso y sin respetar la libertad de las familias”

El presidente del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, acompañado de diversos cargos públicos y orgánicos del Partido Popular en la provincia, han participado en la manifestación contra la “Ley Celaá” convocada hoy en la capital ciudadrealeña este domingo.

Con su presencia en esta manifestación, Valverde resaltaba el apoyo del PP a las familias y docentes “ porque vamos a estar al lado de la sociedad que se manifiesta contra una ley educativa que cercena la libertad de elección de los padres y madres en el modelo de educación que quieren para sus hijos”.

El presidente de los populares ciudadrealeños hacía hincapié en que la Ley Celaá,” no solo es un ataque frontal a la educación concertada, a la educación especial y al español como lengua vehicular, sino que lo más grave es que es un ataque frontal a la libertad de enseñanza y a la libertad de elección de las familias”.

Por ello, Valverde, aseguraba, que “ es una obligación de toda la sociedad, protestar y reivindicar que no se puede hacer una ley con prisas y sin consenso”.

A este respecto, ha lamentado como en el Senado no se han aprobado ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos políticos ,“ para evitar que se demore su aprobación y que pueda perdurar la protesta de la sociedad”.

El presidente de los populares ciudadrealeños ha abogado porque  “el Estado y las administraciones deben garantizar que puedan coexistir los diferentes modelos educativos, con financiación pública, para que esa diversidad permita el que cada familia pueda decidir la educación que quiere para sus hijos”.

Al hilo de esta cuestión, Miguel Ángel Valverde ha afirmado que en Castilla-La Mancha, esto si se puede hacer, recordando que el presidente de los populares en la región, Paco Nuñez, ha pedido al presidente García-Page “ que al menos se garanticen los conciertos educativos con los centros concertados y de educación especial durante 10 años, para que esa libertad de elección pueda ser mantenida en Castilla-La Mancha “.