Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha tenido acceso a robos con fuerza, robos con fuerza en interior de vehículo, robo con violencia o intimidación, hurto y hurto en interior de vehículo en explotaciones agrícolas y ganaderas del Ministerio del Interior, y tras realizar su análisis, constata que el número de robos vuelve a aumentar de nuevo en 2022 en un 19% respecto al año precedente.
Unión de Uniones cada año hace una revisión de estos datos y, si bien desde 2013 a 2020 se estaban reduciendo – el primer año eran de 20.000 y consiguieron descender hasta los 9.000 en 2020 -, desde el año de la pandemia la tendencia está cambiando, produciéndose cada año más y llegando a los 11.000 durante 2022.
Estos datos se refieren a hechos conocidos, lo que deja pensar que habría que contar también con los hechos producidos pero no denunciados para tener una imagen fidedigna de la situación. En cualquier caso, con estas cifras, se habrían producido aún durante el último año hasta 30 robos al día, algo que debe llamar la atención sobre la necesidad de poner más recursos de vigilancia en el campo para frenarlos.
Andalucía acapara un tercio de los robos en el campo mientras que las Islas Canarias los encabeza por cada 1.000 explotaciones
Según ha podido identificar Unión de Uniones, los aumentos más elevados se han dado en La Rioja (+188,9%) Castilla-La Mancha (+55,7%), Extremadura (+43,4%), Cataluña (+35,7%) y Murcia (+37,2%).
Por provincias, (aparte del correspondiente a la uniprovincial La Rioja, ya citado), la organización resalta el aumento de delitos producidos en Ciudad Real (+71,0), Albacete (+67,2%), Tarragona (+62,9%) y Badajoz (+62,1%).
En el estrato de Comunidades Autónomas, entre 2022 y 2021 se observan descensos en Baleares, Navarra, Galicia, Madrid, Cantabria y Canarias.
Unión de Uniones destaca que respecto a cuáles son los territorios del Estado en los que se producen un mayor número de incidentes conocidos, la primera posición la ocupa Andalucía, con aproximadamente un tercio de los delitos contra la propiedad que se producen en explotaciones agrarias en todo el país. En el último trienio su participación estadística ha descendido ligeramente, en parte al haber incorporado los datos catalanes antes no contabilizados.
Considerando el mismo trienio, 2020-2022, el segundo puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana, con algo más del 12% de este tipo de delitos en todo el territorio nacional, seguido de Castilla-La Mancha con casi un 11%. A continuación, estarían Extremadura (8,5%), Cataluña (7,5%), Castilla y León (7,2%) y Murcia y Aragón (ambas con el 5,5%). Por debajo de éstas, ninguna de las Comunidades Autónomas alcanza el 4%.
Asimismo, Unión de Uniones analiza también la situación por cada 1.000 explotaciones para que los datos no se vicien con factores demográficos y, en este análisis, las Islas Canarias son las que representan el índice más alto con 28,8 robos y hurtos por cada 1.000 explotaciones, seguida de Murcia (26,8), La Rioja (19,3), Cataluña (16,4) y Extremadura (16,2).
En la desagregación provincial, sin embargo, vuelve a estar Andalucía la primera en provincias como también Huelva (25,1) y Sevilla (24,9), tras las que destacarían Badajoz (21,9) o Valladolid (19,5).
La organización pide más recursos
Unión de Uniones señala que los hechos esclarecidos se mantienen desde 2013 en una media del 17,8% del total de los hechos conocidos, siendo las Islas Canarias (27,6%) y Baleares (25,2%) seguidas de Comunidad Valenciana (22%) y Extremadura (20,3%) las que cuentan con un índice más alto de resolución.
La organización pide mayores recursos para los Equipos ROCA, cuyos integrantes han descendido ligeramente en los últimos años, de los 522 en 2019 a los 503 en 2022. "Nos preocupa que los Equipos ROCA sigan menguando y que los ladrones campen a sus anchas y sigan dificultando la tarea a agricultores y ganaderos", cometan desde Unión de Uniones. "No es sólo lo que se sustraiga sino todo el impacto que tiene en la actividad normal de una explotación o cultivo", explican.
Igualmente solicitan que se agilicen los trámites burocráticos a la hora de hacer las denuncias de tal forma que se pueda animar a los agricultores y ganaderos a interponerlas de tal forma que se pueda contar con un mapa real de la situación de robos así como estudiar los recursos que hacen falta para atajarlos.
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