El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha declarado nulo de pleno derecho el Reglamento General de Caza de Castilla-La Mancha, aprobado mediante el Decreto 15/2022, de 1 de marzo, tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción.
En la sentencia 234/2024, el tribunal ha determinado que el Gobierno regional incumplió un requisito esencial en la tramitación del Reglamento al no contar con el informe preceptivo del Consejo Regional de Caza, tal como establece la Ley de Caza. Según la organización ecologista, esta resolución pone de manifiesto la falta de respeto a la legalidad y a los órganos de participación en decisiones ambientales de gran impacto.
El representante de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha y de las ONG ambientales en el Consejo Regional de Caza, Miguel Ángel Hernández, ha afirmado que "el Gobierno regional ha pretendido beneficiar al lobby cinegético, ocultando al público sustanciales cambios que negoció a escondidas y que han dado lugar a un incremento muy significativo de los impactos de la caza en el medio ambiente de Castilla-La Mancha".
Entre los aspectos impugnados en el recurso, la organización ha destacado la falta de medidas para proteger la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz y la becada, especies en declive que, a su juicio, deberían haber sido excluidas del listado de caza. También ha denunciado la facilitación de la caza encubierta en el Parque Nacional de Cabañeros, la generalización de sueltas de perdices de granja en cotos y la implantación de cerramientos secundarios y capturaderos para ciervos.
Ecologistas en Acción ha advertido de que este tipo de procedimientos se han repetido en otras normativas ambientales, como la modificación de la Ley de Caza para permitir disparar en caminos y vías públicas, la autorización de cambios en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que afectan a espacios protegidos o la promoción de macrogranjas y plantas de biogás sin un proceso de evaluación adecuado.
Ante esta situación, la organización ha reclamado que el Gobierno regional y la Consejería de Desarrollo Sostenible adopten un modelo de gobernanza más participativo, que tenga en cuenta las alegaciones de todas las partes implicadas y no solo los intereses económicos del sector cinegético. Asimismo, ha insistido en que una mayor transparencia y diálogo en la elaboración de normativas contribuiría a mejorar la regulación ambiental y reducir los conflictos judiciales.
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