El Defensor del Pueblo, en su informe anual de 2019, hace referencia al estado del transporte sanitario programado a lo largo de todo el país, y hace referencia concreta a la provincia de Toledo. Así, si bien precisa que recibió algunas quejas relativas a retrasos de ambulancias en servicios de transporte para acudir a rehabilitación o hemodiálisis, tras interlocutar con la Consejería de Sanidad del Gobierno regional constató que desde enero de 2017 y hasta agosto de 2019 se habían producido cerca de 800.000 traslados, registrando solo 230 reclamaciones.
Según el informe del Defensor, recogido por Europa Press, la Consejería señalaba que esas reclamaciones daban lugar a un expediente informativo, en el que se valoraban las circunstancias denunciadas según las prescripciones del contrato de gestión correspondiente.
Del total de 230 expedientes, de los que algunos seguían en tramitación, se había procedido a realizar 38 apercibimientos a la empresa adjudicataria y a incoar 9 expedientes sancionadores.
De lo anterior se desprende que, así como el número de reclamaciones que formalizan los ciudadanos es muy bajo en relación con el número de servicios atendidos, como destacaba la propia Administración autonómica, el porcentaje de los expedientes que han dado lugar a un apercibimiento o expediente sancionador sí es significativo, y supera, al menos, el 20 por ciento.
Listas de espera
En el apartado sanitario el Defensor del Pueblo repara en las medidas proyectadas por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para reducir la extensión de la lista de espera quirúrgica en el Servicio de Cirugía Vascular del Complejo Hospitalario de Toledo, entre las que se encuentran la contratación de un nuevo facultativo especialista, la adecuación de los recursos de quirófanos disponibles para dicha especialidad, y un redimensionamiento de los mismos con motivo de la apertura del nuevo hospital.
En 2019, el Defensor observó una reducción en la lista de espera del Servicio de Traumatología del Complejo Hospitalario de Toledo, sin perjuicio de que exista todavía un número excesivo de pacientes pendientes de intervención preferente con una espera superior a los seis meses e incluso al año, por lo que se ha vuelto a solicitar a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que especifique las medidas que tiene previsto adoptar para aminorar el período de espera quirúrgico del servicio, así como las previsiones en cuanto a su implantación.
En este capítulo, el Defensor formuló una recomendación a la Consejería para que adoptara las medidas oportunas dirigidas a reducir la demora existente en la realización de intervenciones quirúrgicas de prótesis de rodilla en la especialidad de Traumatología del Hospital General de Villarrobledo, dado que se tuvo conocimiento de que el período medio previsto para realización de dichos procedimientos quirúrgicos superaba el plazo máximo legalmente establecido.
El accidente de un turista en un remonte de Toledo, ejemplo de "trámite inútil" entre administraciones
El Defensor del Pueblo ha presentado este miércoles su informe anual correspondiente a 2019, en el cual argumenta los problemas habituales que se encuentran en cuanto a la demora de resolución de procedimientos relativos a la responsabilidad patrimonial de las administraciones en caso de accidente. En este epígrafe, utiliza un suceso ocurrido en las escaleras mecánicas de Toledo con motivo de un accidente sufrido por un turista de Almería que tardó en ver aprobada su indemnización.
Según explica el Defensor y recoge Europa Press, cuando el accidentado se dirigió a la Corporación toledana, esta le remitió a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras el paso de la reclamación por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y por la Consejería de Fomento, esta la desestimó argumentando que en el tramo en que se produjo el accidente no se habían ejecutado obras y, por tanto, no se consideraba responsable.
Se ponía en duda que el concreto tramo de escaleras mecánicas donde se produjo el accidente estuviera bajo la responsabilidad de la Administración autonómica y alertaba de que estaba sujeto a una concesión administrativa.
Iniciadas las actuaciones oportunas, el Defensor del Pueblo consideró, y así se lo comunicó al Ayuntamiento de Toledo, que la principal obligación asumida por el concesionario es la de prestar el servicio conforme a las características establecidas en el contrato.
A tal efecto, la Administración conserva los poderes de policía, con el fin de asegurar su correcto cumplimiento que, en lo que aquí interesa, alcanza a la obligación de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio.
"Trámites inútiles"
La información proporcionada en origen por el Ayuntamiento indujo a una cadena de trámites inútiles, cuando lo procedente hubiera sido informar de la existencia de una concesión administrativa, que tenía en primer término la responsabilidad de responder por los daños producidos.
Por ello, se formuló a dicha Administración local una resolución para que, por analogía con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, "el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto debe remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente para su resolución, debiendo notificar esa circunstancia a los interesados", remita la reclamación en casos como el aquí expuesto a la correspondiente empresa concesionaria.
Finalmente, tras dilucidar la titularidad del tramo de escalera donde se produjo el accidente en cuestión, el Ayuntamiento de Toledo procedió a la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial.
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