Ayer jueves por la tarde se celebró en Cogolludo una reunión que congregó a más de 70 representantes de distintos sectores rurales de la Sierra Norte de Guadalajara, incluyendo ganaderos, agricultores, cazadores, presidentes de cotos, alcaldes y concejales. Los asistentes, procedentes de municipios como Galve de Sorbe, Atienza, Hiendelaencina y Romanillos, entre otros, debatieron sobre la delicada situación que atraviesan los pueblos de la comarca debido a las restricciones asociadas a la protección del lobo.
Los cazadores denunciaron la pérdida de valor de los cotos de caza debido a la prohibición de prácticas esenciales como las esperas de jabalí en zonas con presencia de lobo. Esta situación no solo reduce la afluencia de cazadores, afectando a los negocios locales, sino que también provoca pérdidas económicas directas a los titulares de los cotos, muchos de ellos municipios que dependen de estos ingresos para sus presupuestos. Francisco Plaza y Juan Carlos Abajo, representantes de la Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara (Atica), señalaron que estas restricciones van en contra de la normativa regional y generan una discriminación respecto a otras zonas de Castilla-La Mancha.
Por su parte, Fernando Moreno y Manuel Gordo, de la Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte, denunciaron que las indemnizaciones por ataques de lobo son tardías y a menudo insuficientes. Además, alertaron sobre los riesgos de enfermedades como la tuberculosis, que se propagan debido a la interacción entre ganado y jabalíes, cuya población está descontrolada. Insistieron en que la desaparición de la ganadería en la sierra supondría un golpe irreparable para la región.
Desde los ayuntamientos, los alcaldes de Hiendelaencina, Condemios de Arriba y La Huerce, entre otros, advirtieron que las restricciones actuales están reduciendo los ingresos por caza y pastos, afectando gravemente a la economía municipal. También expresaron su preocupación por la aparición de lobos en áreas urbanas y el uso de cámaras en el campo sin la debida notificación o autorización.
El presidente de APAG, Juan José Laso, destacó que el futuro de la Sierra Norte depende de la convivencia equilibrada entre la actividad rural y las políticas medioambientales, subrayando que la protección del lobo no puede hipotecar la calidad de vida ni la rentabilidad de quienes viven y trabajan en la región. Propuso una compensación justa para los ganaderos y comunidades locales por los servicios ecosistémicos que ofrecen.
La reunión concluyó con la decisión de elaborar un manifiesto que recoja las propuestas y demandas consensuadas, el cual será presentado próximamente a las autoridades provinciales, regionales y nacionales, buscando ser una hoja de ruta para abordar los problemas planteados y garantizar un futuro sostenible para los municipios de la Sierra Norte.
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